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El Parlamento de Hungría, bajo el liderazgo del primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz, aprobó el 18 de marzo de 2025 una ley que prohíbe la celebración de la marcha del Orgullo LGTBI en Budapest. Esta legislación modifica la ley de reuniones, estableciendo que aquellos que infrinjan la norma podrían enfrentar multas de hasta 200,000 forintos (aproximadamente 546 euros).
Además, la ley otorga a las autoridades la facultad de utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a eventos prohibidos, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a la privacidad y derechos fundamentales.
A pesar de la prohibición y las sanciones previstas, los organizadores de Budapest Pride han anunciado su intención de llevar a cabo la marcha en su 30º aniversario el 28 de junio de 2025, calificando la ley de discriminatoria y reafirmando su compromiso con la visibilidad y los derechos de la comunidad LGTBI.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por esta medida. La Comisión Europea y organizaciones como Amnistía Internacional han condenado la ley, considerándola una violación de los derechos humanos y un retroceso en la protección de las libertades fundamentales.
