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El gobierno de Donald Trump está evaluando la posibilidad de invocar el «privilegio de secretos de estado» para evitar revelar información sobre los vuelos que deportan a inmigrantes venezolanos a El Salvador. Esta decisión llega como respuesta a la exigencia de un juez que ha solicitado más detalles sobre estos traslados, en medio de una creciente controversia.
El fiscal general adjunto Todd Blanche informó en un documento judicial que se están llevando a cabo «discusiones en curso a nivel del gabinete», dado que el juez James Boasberg ordenó al gobierno proporcionar datos sobre los vuelos o justificar oficialmente que la divulgación de esta información podría poner en riesgo la seguridad nacional.
El gobierno de Trump ha resistido la solicitud del juez, calificándola como un «sondeo judicial innecesario». No obstante, Boasberg consideró que la respuesta del gobierno no fue suficiente, lo que podría llevar a que los funcionarios sean acusados de desacato al tribunal.
Esta polémica se enmarca en una serie de deportaciones de venezolanos a El Salvador, basadas en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. A pesar de que Boasberg emitió una orden el 15 de marzo para suspender las deportaciones, los vuelos continuaron, ya que las autoridades argumentaron que la orden no aplicaba a los vuelos ya en curso.
La situación ha generado un enfrentamiento político, con Trump y varios aliados republicanos exigiendo el juicio político de Boasberg, argumentando que su decisión interfiere con la política migratoria del país. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha rechazado esta solicitud, señalando que el juicio político «no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial».
La disputa continúa abierta, mientras el gobierno de Trump evalúa sus próximos pasos en esta controversia sobre la deportación de migrantes venezolanos.
Fuentes: AP
