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Santo Domingo. El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Antipulpo, que involucra a exfuncionarios y allegados al anterior gobierno.
Según el órgano acusador, Medina Sánchez debe cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La solicitud incluye además el pago de 400 salarios mínimos, el decomiso de todos sus bienes adquiridos ilícitamente y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Junto a él, el Ministerio Público también pidió 10 años de prisión para Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, a cumplirse en Najayo Mujeres, así como el pago de 200 salarios mínimos y la incautación de sus bienes.
Otros imputados y las penas solicitadas incluyen:
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Wascar Bernabé Méndez Pineda: 15 años de prisión, 200 salarios mínimos de multa y decomiso de bienes.
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Fernando Rosa Rosa, exdirector del FONPER: 10 años de prisión en Najayo Hombres, multa de 200 salarios mínimos y decomiso de bienes.
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José Dolores Santana Carmona: 15 años de prisión, multa y decomiso.
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Ramón y Johnny Brea: 10 años de prisión, multa e inhabilitación para funciones públicas o financieras.
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Lina de la Cruz Vargas y José Idelfonso Correa Martínez: 10 años de prisión en Najayo Mujeres y multa.
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Liwin, Paola Molina, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara, José Miguel Genao Torres, Antonio Méndez y Furgio Cabreja: 10 años de prisión.
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Manuel Pacheco y Lorenzo Wilfredo: 5 años de prisión y multa.
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Rafael Germosén Andújar: 5 años de prisión y multa.
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Víctor Encarnación Montero: 5 años de prisión suspendida, multa de RD$500,000 y decomiso voluntario de RD$15 millones.
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Aquiles Cristofer Sánchez: 3 años de prisión suspendida y multa de RD$500,000.
En cuanto a las empresas implicadas, el Ministerio Público solicitó sanciones de 200 salarios mínimos por delitos de soborno y lavado, así como la disolución de las entidades jurídicas, cancelación de licencias y prohibición de contratar con el Estado.
Este es uno de los mayores procesos judiciales por corrupción en la historia reciente del país, y se espera que en los próximos días el tribunal escuche las defensas de los imputados antes de emitir un veredicto.
