La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este sábado una orden que detiene temporalmente la deportación de ciudadanos venezolanos detenidos en el norte de Texas, quienes estaban siendo procesados bajo una ley de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, originalmente establecida en tiempos de guerra.
En una decisión breve pero contundente, el alto tribunal ordenó al gobierno del expresidente Donald Trump no expulsar a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet “hasta nueva orden”. Esta medida llega en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre un posible uso inconstitucional de la ley para realizar deportaciones sin debido proceso.
Según argumentó la ACLU, las autoridades migratorias estarían reviviendo una legislación del siglo XVIII —usada apenas tres veces en la historia del país— para justificar deportaciones rápidas, señalando a los detenidos como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Esto, sin que los acusados hayan tenido oportunidad de defenderse legalmente ni de ser escuchados por un juez.
“El alivio que sentimos es enorme. Estas personas estaban en riesgo de pasar el resto de sus vidas en una prisión salvadoreña brutal, sin haber tenido un juicio justo”, declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
El viernes, varios jueces federales y la Corte de Apelaciones del 5to Circuito se negaron a intervenir en favor de los detenidos. No obstante, a primera hora del sábado, la Corte Suprema emitió su decisión, dando un respiro a los afectados y sus representantes legales.
El gobierno de Trump ha defendido su postura, alegando que la secretaria de Seguridad Nacional tiene facultades amplias para aplicar esta ley y proceder con las deportaciones, incluso si los individuos no han agotado todas las instancias legales. En documentos recientes, el gobierno también afirmó que algunos de los venezolanos detenidos estaban siendo vinculados con el Tren de Aragua, lo que justificaría su expulsión bajo dicha normativa.
En paralelo, jueces federales en otros estados como Colorado, Nueva York y Texas han emitido órdenes individuales para detener las deportaciones hasta que se garantice a los inmigrantes la posibilidad de presentar sus casos ante la justicia. Un juez de Massachusetts incluso hizo permanente su prohibición de deportaciones a países terceros sin notificación previa ni oportunidad de impugnación.
En uno de los testimonios presentados por la ACLU, se denunció que a un detenido se le pidió firmar documentos en inglés sin acceso a traducción, pese a no hablar el idioma.
Aunque la orden de la Corte Suprema es temporal, representa una importante pausa legal ante un intento controversial de aplicar una ley de más de 200 años para gestionar la inmigración actual.
Se espera que el gobierno recurra a la Corte en busca de revertir esta decisión en los próximos días.
