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El Ministerio Público inició ayer martes la presentación de pruebas periciales en el juicio que se sigue contra una red criminal acusada de eliminar antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General de la República, a cambio de pagos ilegales. Durante la audiencia celebrada en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se presentaron tres peritos que confirmaron, mediante sus informes técnicos, la manipulación fraudulenta de los registros.
Uno de los testigos clave fue Armando José Díaz Díaz, ingeniero en comunicaciones y exencargado de Ciberseguridad de la Procuraduría, quien presentó ocho informes que documentan alteraciones ilícitas. Estos fueron admitidos por el tribunal, compuesto por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, quienes valoran las evidencias sobre el funcionamiento del esquema de corrupción.
Durante la jornada, varios imputados ofrecieron declaraciones admitiendo su participación. Luis Alfredo Astacio Polanco confesó haber referido unas 50 personas para que les eliminaran los antecedentes, señalando a Alfredo Mirambeaux Villalona —entonces encargado de la base de datos— como la persona que ejecutaba las alteraciones y fijaba el costo por cada caso. Por su parte, Mártires Rosario Reyes, exsoporte técnico, dijo haber recibido entre 15,000 y 40,000 pesos por gestionar estos cambios, mientras que Rubén Darío Monbán Santana también fue implicado por enviar datos vía WhatsApp para el mismo fin.
Otras personas procesadas, como Laudelina Esther Reyes Silva, alegaron desconocer el origen de los fondos recibidos en sus cuentas bancarias. En tanto, Dilcia Argentina Núñez Santos se abstuvo de declarar y Jancely Estala Arias López justificó los movimientos en sus cuentas como asuntos personales. Se informó que Alfredo Mirambeaux Villalona asumirá una defensa negativa, mientras que Luis Peña Cedeño se reservará su declaración para una audiencia futura. El tribunal fijó las próximas sesiones para los días 24, 25 y 26 de junio.
