El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, mediante aseguradora, como medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde 236 personas murieron el pasado 8 de abril durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.
Además de la garantía económica, la jueza Fátima Veloz dictó impedimento de salida del país y presentación periódica contra los hermanos Espaillat, quienes fueron arrestados el pasado viernes por el Ministerio Público. La magistrada tomó más de 14 horas para emitir su decisión.
El caso fue declarado complejo y ha generado fuertes críticas tanto al Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, como a los abogados de las víctimas. Estos últimos calificaron la decisión como “una burla” a la memoria de los fallecidos y a los sobrevivientes del siniestro.
Los hermanos Espaillat también son propietarios de RCC Media, una de las principales cadenas de radio del país.
