La tensión entre Estados Unidos y Colombia se intensificó este 3 de julio, luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llamara a consultas urgentes al encargado de Negocios en Colombia, John T. McNamara.
La decisión se tomó en respuesta a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció una presunta conspiración —con participación de actores estadounidenses— para sacarlo del poder.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado calificó de “infundadas y reprensibles” las declaraciones del mandatario colombiano, e informó que además de la consulta diplomática se están considerando otras medidas para expresar el “profundo malestar” por el deterioro de las relaciones bilaterales. A pesar del choque, Washington reiteró que Colombia sigue siendo “un socio estratégico esencial”.
Desde Bogotá, Petro respondió con una medida espejo: también llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. En una publicación en la red X, el presidente explicó que su representante deberá informarle sobre el estado actual de la agenda bilateral, que incluye temas como cambio climático, migración, narcotráfico y paz regional.
Petro insiste en que hay una conspiración activa en su contra. Según el presidente, el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, habría buscado apoyo en congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, para presionar por su salida del poder y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.
La denuncia se basa en un reportaje del diario El País, según el cual Leyva se habría reunido hace dos meses con Díaz-Balart y habría intentado acercamientos con otros políticos estadounidenses. Petro pidió formalmente a la justicia de Estados Unidos que investigue la supuesta trama. Ambos congresistas niegan las acusaciones y las calificaron de “inventos”.
En un discurso posterior, el presidente colombiano advirtió que hay “fuerzas de la derecha extrema” interesadas en romper los lazos entre Colombia y Estados Unidos, lo cual, según él, afectaría gravemente la lucha contra el narcotráfico: “Si eso sucede, buena parte del andamiaje contra el crimen organizado se desploma”.
La situación plantea un nuevo desafío en la ya compleja relación entre Bogotá y Washington, que ahora se ve sacudida por acusaciones cruzadas, llamados a consulta diplomática y una narrativa de golpe de Estado sin precedentes en la historia reciente de Colombia
