La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó este miércoles su “seria preocupación institucional” ante el auge de confrontaciones mediáticas que, según afirmó, están afectando gravemente la calidad del debate público en el país.
Desde su posición como representante del Ministerio Público, Ramos denunció un alarmante incremento de denuncias cruzadas, acusaciones por difamación y alegaciones de chantaje entre comunicadores, medios y figuras públicas.
“Estamos viendo cómo se convierte la comunicación en un arma de presión ilegítima. Esto no es libertad de expresión, es manipulación”, advirtió.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones formales para identificar posibles esquemas de extorsión y uso indebido de plataformas mediáticas. Entre los nombres señalados están Ángel Martínez, Claudia Pérez («La Tora»), Luis Alfredo Cabrera (“Kapulet”), José Maracallo y Fernando Peña, entre otros.
Ramos aseguró que se actuará dentro del marco de la ley para frenar estas prácticas, sin afectar la libertad de prensa, pero protegiendo el derecho de la ciudadanía a no ser víctima de campañas difamatorias ni presiones disfrazadas de opinión.
“Nuestro rol no es censurar ideas, pero cuando las palabras se usan como mecanismo de coacción, el Estado debe intervenir. Y lo haremos”.
Finalmente, hizo un llamado a los gremios, líderes de opinión y a la sociedad a rechazar este tipo de comunicación tóxica y a recuperar el respeto, la ética y el compromiso con la verdad.
