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El debate en torno al nuevo Código Penal ha escalado a una controversia institucional luego de que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, calificara de “misóginos” a los legisladores que apoyan una versión del proyecto sin las tres causales. Sus declaraciones, realizadas durante una rueda de prensa, provocaron reacciones en el Congreso y motivaron a algunos diputados a exigir una retractación pública.
Pero, ¿puede esta expresión constituir un delito penal? ¿Se trata de difamación o incluso de un posible discurso de odio?
Desde una perspectiva jurídica, calificar a un funcionario como “misógino” en el marco de un desacuerdo político no configura, por sí mismo, un delito de odio. Según los estándares del derecho comparado —como el Código Penal español o la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, este tipo penal requiere la existencia de incitación directa a la violencia, discriminación u hostilidad contra un grupo protegido, como las mujeres, por razones de género.
En este caso, la declaración de la ministra no promueve acciones violentas ni campañas de odio contra los hombres o los diputados como colectivo, sino que se enmarca en una crítica a una postura legislativa específica.
La libertad de expresión, en particular en el ámbito político, goza de una protección reforzada en democracias constitucionales.
Especialistas citan que, incluso si se considera excesiva o desproporcionada, la expresión podría —en el mejor de los casos— dar lugar a una acción por injuria o difamación, aunque esto requeriría prueba de daño al honor y no se trataría de un delito de odio como tal.
Además, varios países de América Latina han despenalizado o suavizado las sanciones por críticas a funcionarios públicos, precisamente para garantizar el debate democrático y el escrutinio a las autoridades.
Las declaraciones de la ministra podrían ser políticamente debatibles o éticamente cuestionadas, pero no constituyen un delito de odio ni se ajustan al tipo penal correspondiente, a menos que fueran parte de una campaña sistemática de acoso o incitación contra un grupo de personas por su condición.
El enfrentamiento entre el Ministerio de la Mujer y el Congreso vuelve a evidenciar las profundas tensiones que genera la reforma del Código Penal, especialmente en lo referente a los derechos de las mujeres.
