En un mundo donde las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y locales se erigen como guardianes autoproclamados de los derechos humanos, es cada vez más evidente cómo operan en tándem para imponer agendas externas en naciones soberanas.
El caso del recién promulgado Código Penal en la República Dominicana ilustra perfectamente esta dinámica. Amnistía Internacional (AI), con su vasto alcance global, y su aparente brazo aliado local, Participación Ciudadana (PC), han unido fuerzas en una campaña orquestada para deslegitimar esta legislación nacional, priorizando sus intereses ideológicos por encima de la autonomía dominicana. Este artículo de opinión examina cómo estas entidades se apoyan mutuamente para moldear la opinión pública, interfiriendo en asuntos internos que deberían ser decididos exclusivamente por los dominicanos.
El nuevo Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025, representa un esfuerzo largamente esperado por actualizar la normativa penal del país, abordando temas como la corrupción, la violencia y los derechos fundamentales.
Sin embargo, en lugar de celebrar este avance legislativo, AI ha lanzado una ofensiva inmediata, rechazando el código por mantener la penalización total del aborto, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre.
La organización exige modificaciones antes de su entrada en vigencia en 2026, argumentando que no garantiza los derechos de las mujeres y niñas.
Esta postura no es nueva; AI ha denunciado reiteradamente políticas dominicanas que no alinean con su visión progresista global, posicionándose como un árbitro moral externo que ignora el contexto cultural y soberano del país.
Pero AI no actúa sola.
En República Dominicana, Participación Ciudadana emerge como su eco local, amplificando las críticas con un enfoque en vulnerabilidades internas.
PC, un movimiento cívico enfocado en anticorrupción y derechos, ha denunciado el código como un “grave retroceso” que vulnera derechos de mujeres, niños y la libertad de expresión.
Específicamente, critican la prescripción de delitos de corrupción a 20 años, lo que supuestamente protege a corruptos, y la permanencia de penas por difamación e injuria que podrían coartar la prensa.
Además, PC responsabiliza al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de aprobar un código que no despenaliza el aborto, alineándose perfectamente con las demandas de AI.
Esta sincronía no es casual: mientras AI presiona desde el exterior con informes internacionales y campañas mediáticas, PC moviliza la sociedad civil local, creando una corriente de opinión que parece orgánica pero responde a una agenda compartida.
La relación entre AI y PC, aunque no siempre explícita en documentos públicos, se manifiesta en su convergencia ideológica y operativa.
Ambas organizaciones comparten raíces en el activismo por derechos humanos, con PC actuando como un nodo local en redes globales similares a las de Transparency International, de la cual es capítulo dominicano. Sus críticas al Código Penal no solo coinciden en temas como el aborto y la corrupción, sino que se refuerzan mutuamente: AI cita vulnerabilidades de género para ganar atención global, mientras PC enfatiza impactos locales para generar presión interna.
Esta simbiosis permite a AI infiltrarse en el debate nacional sin aparecer como una entidad foránea, usando PC como proxy para legitimar su intromisión. Es un clásico ejemplo de cómo ONG internacionales cooptan aliados locales para avanzar agendas que priorizan valores occidentales progresistas sobre tradiciones y decisiones soberanas.
Esta intromisión en asuntos internos es particularmente problemática en un país como República Dominicana, donde el Código Penal fue debatido durante años en el Congreso, reflejando un consenso democrático interno. AI y PC ignoran este proceso, optando por imponer estándares externos que desestiman la soberanía nacional. Como bien señala un análisis reciente, el “atrevimiento” de AI al inmiscuirse en pautas legislativas dominicanas socava la autonomía del país.
Al crear una narrativa de “retroceso en derechos”, estas organizaciones no solo distorsionan la realidad –el código incluye avances en combate a la trata y violencia de género– sino que fomentan divisiones sociales, polarizando la opinión pública en beneficio de sus donantes y agendas globales.
En conclusión, Amnistía Internacional y Participación Ciudadana representan una alianza táctica que prioriza intereses externos sobre el derecho de República Dominicana a autogobernarse.
Su campaña contra el Código Penal no es defensa de derechos, sino una forma de colonialismo ideológico disfrazado de activismo.
Los dominicanos deben rechazar esta injerencia y defender su soberanía, recordando que las leyes nacionales deben nacer de debates internos, no de presiones foráneas.
Solo así se preservará la verdadera participación ciudadana: la que surge del pueblo, no de agendas importadas.
