Luego de más de una década de diálogo social sobre la reforma laboral, ha llegado el momento para un último esfuerzo de conversación franca con la finalidad de lograr una reforma que goce del más amplio consenso entre trabajadores y empleadores, con el gobierno como facilitador.
De forma reiterada, empleadores, trabajadores y gobierno han señalado el marco de sus intereses sectoriales. Sobre esa base, esta última etapa del proceso de diálogo puede y debe lograr una reforma laboral que respete los derechos de los trabajadores, facilite la transición al mercado formal, y sirva de fomento a la creación de más y mejores empleos, es decir, un aumento de la oferta laboral con salarios y otros beneficios de calidad.
¿Qué debe guiar ese consenso? Primero, dejar atrás las unilateralidades que torpedearon el anterior proyecto de reforma al Código de Trabajo. Segundo, rescatar los puntos que fueron quedando sobre la mesa, es decir, aquellos que no generaron discordia pero quedaron eclipsados por otros temas.
Un tercer aspecto, es atender las observaciones a la legislación laboral que por años ha realizado la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El cuarto elemento que nos permitirá cristalizar un consenso y concluir el proceso de reforma, es identificar y aplicar fórmulas modernas de contratación, que promuevan la competitividad, sin desconocer los derechos de los trabajadores.
En el Congreso reposan sendos proyectos que recuperan, en gran parte, los componentes novedosos del proyecto perimido. La diferencia la puede marcar la voluntad constructiva del liderazgo político. Si el ministro de Trabajo Eddy Olivares, junto a las líderes del Senado y la Cámara de Diputados, apuestan porque este sea el diálogo definitivo, República Dominicana volverá a hacer historia.
Fue en 1992 cuando el diálogo de empresarios y trabajadores, mano a mano con el gobierno, logró una reforma tan necesaria como ambiciosa. Aquella reforma, que tuvo como punto de partida, una brillante propuesta de tres glorias de las ciencias jurídicas, puso nuestra legislación laboral a la altura de las más avanzadas del mundo. Aquel ejercicio cívico ha servido de base para la paz social y política, y como catalizador del extraordinario desarrollo socioeconómico que los dominicanos hemos vivido desde entonces.
Ahora nos corresponde adecuar la legislación a los avances tecnológicos, promover la solución oportuna de los conflictos laborales, reforzar derechos a los trabajadores y promover la contratación de trabajos decentes.
Con el acompañamiento de los legisladores, los líderes sindicales y empresariales, estoy convencido que el presidente Luis Abinader promulgará un Código de Trabajo consensuado. Ese texto, que podría no ser perfecto para todos los actores involucrados, será la expresión democrática de la sociedad dominicana del siglo XXI.
