La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó la necesidad de reabrir el debate sobre la castración química como medida complementaria a las penas máximas de 30 años de prisión para agresores sexuales, tras los recientes casos de violaciones grupales registrados en Santiago y San Francisco de Macorís.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, señaló que la magnitud de estos delitos exige sanciones más drásticas y urgentes. “Además de aplicar la pena máxima, debe frenarse esta barbarie con tratamientos de castración química”, afirmó.
Aunque algunos legisladores coinciden en evaluar la medida, advierten que su implementación requiere una reforma constitucional, ya que actualmente la Carta Magna no contempla este tipo de sanción.
En el Congreso Nacional el tema no es nuevo. En 2023, un proyecto del senador Franklin Romero propuso que la castración química fuera voluntaria, permitiendo al juez de Ejecución de la Pena negociar una reducción de condena si el reo aceptaba el tratamiento hormonal, pero la iniciativa perimió.
En varios países, la castración química se utiliza como un método para controlar los impulsos sexuales de condenados por delitos de agresión sexual.
