La exdiputada Rosa Amalia Pilarte solicitó a la Suprema Corte de Justicia la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La pena incluye su envío a la cárcel de Rafey, en Santiago, y el decomiso de más de una docena de propiedades.
El recurso de revisión constitucional fue depositado por un equipo de abogados encabezado por Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Luis Leonardo Félix Ramos.
Los juristas piden que la ejecución de la condena quede suspendida mientras el Tribunal Constitucional estudia el caso, alegando que mantener la libertad de Pilarte no pone en riesgo el proceso ni los derechos de terceros.
La Procuraduría General de la República deberá responder antes de que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional.
El exprocurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa, parte del equipo acusador, aseguró que la sentencia y los decomisos son una advertencia contra quienes pretendan usar la política como refugio de impunidad. Entre los bienes incautados figuran terrenos, apartamentos, locales comerciales y propiedades rurales en La Vega y Jarabacoa, valorados en cientos de millones de pesos.
