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Las autoridades colombianas enviaron este jueves a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de participar en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto, dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado.
Según la Fiscalía, Barragán se convirtió el fin de semana en el séptimo detenido por el ataque y habría sido la persona que escogió al adolescente de 15 años que disparó contra el legislador, además de acondicionar el arma utilizada en el crimen.
El hombre también está señalado de ocultar a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado uno de los principales coordinadores del atentado y que ya fue capturado.
De acuerdo con la investigación, Barragán organizó reuniones en su residencia, sostuvo videollamadas y participó en un grupo de WhatsApp llamado “Plata o plomo”, donde se compartió información y directrices para la ejecución del ataque.
Durante la audiencia, la fiscal Elsa Reyes le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación y porte ilegal de armas, y uso de menores en la comisión de delitos. Barragán no aceptó los cargos.
Caso Uribe Turbay
El adolescente que cometió el crimen fue sancionado la semana pasada con siete años de privación de libertad en un centro especializado, la pena máxima contemplada en Colombia para menores de edad.
Uribe Turbay, de 39 años, era senador del partido Centro Democrático y se perfilaba como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Tras ser atacado el 7 de junio, falleció el 11 de agosto tras más de dos meses hospitalizado.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el hecho como magnicidio y aseguró que las investigaciones continúan para identificar a los determinadores, sin descartar la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.
El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña electoral y reavivado los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
