La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el proceso de compra de pitos y porta pitos que realizaba la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), por un monto estimado de RD$5.6 millones, tras comprobar la ausencia de los estudios previos requeridos por la normativa.
El procedimiento, identificado con el número DIGESETT-CCC-CP-2025-0021 y convocado el 1 de septiembre, estaba dirigido exclusivamente a Mipymes lideradas por mujeres.
Sin embargo, el monitoreo preventivo de la DGCP detectó que la institución no presentó la documentación que justificara la necesidad de la compra, el análisis de mercado ni los costos de referencia.
Fundamento legal de la suspensión
Según el acta de suspensión, la omisión constituye una violación al artículo 66 del Reglamento 416-23, de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que exige que todo proceso esté sustentado en estudios previos.
La DGCP, encabezada por Carlos Pimentel, resolvió suspender de inmediato la licitación “a los fines de no prolongar en el tiempo una situación irregular y afectar los intereses de los oferentes”.
Carácter de la medida
En un comunicado, Contrataciones Públicas explicó que la decisión tiene carácter cautelar y correctivo, y busca que la Digesett ajuste el proceso a la normativa vigente, garantizando los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, así como la protección de los derechos de los oferentes.
La suspensión fue aplicada de inmediato en el SECP y notificada formalmente a la institución convocante.
Importancia de los estudios previos
Los estudios previos son un requisito indispensable en cualquier procedimiento de contratación, pues permiten determinar las necesidades reales de una institución, el valor de mercado del bien y los tiempos de disponibilidad.
El artículo 4 del Reglamento 416-23 los define como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del proceso, delimitando el objeto, sus características, la oferta y demanda, la viabilidad y el presupuesto estimado, entre otros aspectos clave.
Con esta decisión, la DGCP reafirmó su compromiso con la excelencia, integridad y transparencia en las contrataciones públicas.
