Santo Domingo, RD. – Este viernes 19 de septiembre será conocido en la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el conocimiento de medida de coerción contra cuatro personas vinculadas a una presunta red dedicada a la reventa ilegal de señales de televisión y servicios de streaming.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La solicitud fue presentada la noche del miércoles, tras investigaciones que permitieron desmantelar la estructura de piratería tecnológica.
La operación incluyó 19 allanamientos coordinados por un equipo de 30 fiscales junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Antilavado, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
Asimismo, contaron con el apoyo del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional y cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Durante los allanamientos realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
Según el Ministerio Público, los imputados obtenían millonarias ganancias con la venta ilegal de programas, series y películas, violando derechos de autor, y cuatro de ellos ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares.
La red presuntamente utilizaba mecanismos tecnológicos para vulnerar sistemas de seguridad de televisión paga y plataformas de streaming, además de criptomonedas para introducir los fondos al sistema financiero mediante lavado de activos.
Los imputados enfrentarán cargos por violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
