La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos contra la Administración pública, según la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701.
Carlos Pimentel Florenzán, titular de la DGCP, explicó que la medida se fundamenta en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo establecido por las leyes 340-06 y 107-13, que regulan las contrataciones públicas y los derechos de los ciudadanos frente a la administración.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del sistema de compras públicas, fortaleciendo los controles y evitando que proveedores condenados por corrupción se beneficien de los recursos del Estado”, expresó Pimentel.
Cancelaciones definitivas
La DGCP dispuso la cancelación definitiva del RPE para personas físicas y jurídicas con condenas homologadas. Entre los registros anulados figuran Comercial Viaros, Rogama SRL, Divamor Group SRL, Ropalma SRL, Abastesa SAS, Constructora Morel Grullón y Asociados SRL, Espacio & Arquitectura SRL, Optumus EIRL, así como los de Cesarion Morel Grullón, Francisco Pagán y Víctor Matías Encarnación Montero.
Suspensiones preventivas
También se ordenó la suspensión del RPE para empresas que tienen entre sus socios o directivos a personas condenadas. En esta categoría aparecen Domedical Supply, Fuel American Inc, General Supply Corporations, Wattmax Dominicana SRL, United Suppliers Corporation SRL, Ichor Oil y Constructora Alcántara Bobea (Conalbo).
El documento incluye además compañías vinculadas a personas procesadas por corrupción. En el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, figuran Comercial Matex SRL, Valle de Comatillo SRL y Veintisiete 328 SRL. En el de Lisandro José Macarrulla Martínez, se citan Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico SA y Condi SRL. Respecto a Rigoberto Alcántara Batista, se mencionan Inversiones Ecoturísticas Hotel Maguana SRL y Constructora Alcántara Sabala Conalsa SRL.
Alcance de la medida
La DGCP aclaró que los proveedores con estatus “cancelado” no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los “suspendidos” quedan inhabilitados temporalmente hasta que concluyan sus procesos judiciales.
“Con esta acción, buscamos enviar un mensaje claro: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en delitos contra la Administración pública”, concluyó el organismo.
