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Tribunal de Valverde conocerá este martes medida de coerción contra cinco imputadas por defunciones irregulares

Tribunal de Valverde conocerá este martes medida de coerción contra cinco imputadas por defunciones irregulares

El Tribunal de Atención Permanente de Valverde conocerá este martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra cuatro médicas y una alcaldesa pedánea, señaladas como parte de un presunto entramado dedicado a la gestión irregular de defunciones mediante la falsificación de documentos oficiales.

La vista fue reprogramada luego de que este lunes se aplazara para garantizar la participación de las víctimas, en el marco de un proceso que ha generado atención pública y gremial en la provincia.

Las imputadas son:

  • Renata Suero Torres
  • Alba María Amparo Fede
  • Rocenny Cruz Álvarez
  • Eva Altagracia Cruz Rodríguez
  • Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea del municipio Esperanza

Solicitudes del Ministerio Público

El Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva como medida de coerción, además de pedir que el caso sea declarado complejo, al considerar que las acusadas actuaron como parte de una estructura organizada que violó los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

El expediente está vinculado al caso del principal imputado Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva por presuntamente declarar como fallecidas a personas vivas, en un esquema de cobro coercitivo de deudas personales mediante el uso fraudulento de registros públicos.

Reacciones gremiales

El Colegio Médico Dominicano en Valverde ha manifestado preocupación por el tratamiento judicial del caso, alegando que las médicas fueron “sorprendidas en su buena fe” y que algunas son pasantes sin exequátur, lo que evidencia fallas estructurales en la supervisión y capacitación profesional.

El proceso se desarrolla bajo la dirección de los fiscales Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde) y Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), quienes han identificado al menos seis víctimas en condiciones de vulnerabilidad económica, afectadas por el esquema de falsificación.

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