El narcotraficante dominicano César Emilio Peralta Adamez, conocido como “César el Abusador”, solicitó a la justicia federal de Puerto Rico que se prepare y entregue la transcripción completa de la audiencia en la que se declaró culpable de narcotráfico en noviembre de 2022, como parte de un acuerdo con la fiscalía. La petición fue presentada por su abogado, Edwin J. Prado-Galarza, quien argumenta que el tribunal ha concluido recientemente que Peralta violó los términos del acuerdo, una afirmación que el acusado rechaza.
Según el documento fechado el 3 de septiembre de 2025, la defensa considera que la transcripción es esencial para demostrar si la declaración de culpabilidad fue realizada de manera consciente, voluntaria y con asistencia legal efectiva. Además, busca establecer la base legal y fáctica para solicitar la anulación del acuerdo.
Alegan asistencia legal ineficaz
Peralta, quien enfrenta un nuevo juicio el próximo 23 de octubre, ha solicitado retirar el acuerdo de culpabilidad bajo el alegato de “asistente ineficaz de un abogado”. La defensa adelantó que presentará una moción en ese sentido, amparándose en el precedente legal establecido por el caso United States v. Gardner, 5 F.4th 110, 120 (1st Cir. 2021).
En el escrito, se pide al juez Pedro A. Delgado-Hernández que ordene al taquígrafo del tribunal preparar y radicar de inmediato la transcripción certificada completa de la audiencia de declaración de culpabilidad, conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal Federal.
El acuerdo de culpabilidad firmado en 2022
El documento firmado por Peralta en noviembre de 2022 establece que el acusado aceptó declararse culpable del primer cargo, que indica que entre enero de 2015 y abril de 2019, en República Dominicana, Colombia y otras ciudades, distribuyó cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y motivos razonables para creer que la sustancia sería enviada ilegalmente a Estados Unidos.
Además, se le acusa de haber conspirado con otros individuos para distribuir al menos 450 kilogramos de cocaína. El acuerdo contemplaba una pena máxima de 10 años de prisión y el pago de una fianza de 10 millones de dólares. Sin embargo, el documento no especifica qué cláusulas habrían sido violadas por Peralta, lo que ha generado controversia en torno a la interpretación del pacto.
Implicaciones constitucionales
La defensa subraya que el acceso a la transcripción es clave para demostrar si Peralta comprendió plenamente lo que estaba aceptando y si lo hizo de manera voluntaria. También advierte que el caso tiene implicaciones constitucionales, por lo que exige que el documento sea entregado “de inmediato”.
Esta solicitud se suma a otras acciones legales emprendidas por el acusado, quien recientemente demandó al Gobierno de Estados Unidos por 7 millones de dólares, alegando falta de atención médica durante su detención.
