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El presidente Luis Abinader encabezará en los próximos meses un proceso histórico: la renovación de 16 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano responsable de elegir y evaluar a los jueces de las altas cortes, tendrá la facultad de conducir las decisiones que marcarán el rumbo del Poder Judicial en los próximos años.
La primera jornada de evaluaciones será el 2 de octubre, cuando se revisará el desempeño de cuatro magistrados designados en 2017, cuyo período concluyó en julio de 2024. Todos tienen derecho a un segundo ciclo, aunque Blas Rafael Fernández Gómez ya informó que no buscará reelección, dejando vacante su asiento en la SCJ y en el Consejo del Poder Judicial. El CNM también deberá designar al sustituto de Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional.
A esta agenda se suma la renovación de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyos cuatro integrantes cumplieron su mandato de cuatro años en julio de 2025.
La segunda etapa de este proceso está fijada para abril de 2026, cuando concluirá el período de 12 jueces juramentados en 2019 por Danilo Medina, incluyendo al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Nueve podrán optar por reelección, pero tres —Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Antonio Jerez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia— ya agotaron sus dos períodos.
La Ley Orgánica del CNM establece que la separación de un juez que puede ser ratificado debe estar sustentada en evaluaciones de desempeño, tomando en cuenta integridad, independencia, productividad y disciplina, entre otros criterios.
Los retrasos en procesos anteriores han provocado que algunos magistrados permanezcan más allá de sus períodos, como ocurrió con Francisco Antonio Ortega Polanco, reelegido en 2021 pese a que su mandato vencía en 2019. Su gestión actual concluye en enero de 2028.
De esta manera, el CNM bajo la dirección de Abinader tendrá en sus manos la renovación más amplia de la Suprema Corte en décadas, con implicaciones clave para la justicia dominicana y la estabilidad institucional.
