La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este viernes que no tiene intención de abandonar el país ni solicitar asilo, tras haber sido destituida por el Congreso en la madrugada del jueves. La exmandataria enfrenta al menos once investigaciones fiscales por presunta corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos durante su gestión.
Boluarte ofreció un breve pronunciamiento desde su residencia en el distrito limeño de Surquillo, donde fue esperada por medios de comunicación durante toda la jornada. Acompañada por su abogado Juan Carlos Portugal, aseguró que permanece en su hogar y que no ha considerado salir del país.
“No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”, afirmó Boluarte, quien también negó tener responsabilidad en los casos que investiga el Ministerio Público.
Durante la noche del jueves circularon rumores sobre un posible intento de asilo en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador, lo que fue descartado por su defensa legal. A pesar de ello, manifestantes se congregaron frente a la Embajada de Ecuador en Lima para impedir un eventual ingreso de la exgobernante.
Este viernes, el Poder Judicial informó que el próximo miércoles evaluará una solicitud de la Fiscalía para imponer hasta 36 meses de impedimento de salida del país contra Boluarte. El fiscal general Tomás Gálvez presentó el pedido en el marco de tres investigaciones activas, entre ellas por presunto lavado de dinero vinculado al pago de reparación civil de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
También se le investiga por presunta negociación incompatible, recepción de regalos no declarados, falsificación de firma en decretos durante su convalecencia médica, y por la muerte de al menos 49 personas durante la represión de protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú, fue destituida por el Congreso tras perder el respaldo de los partidos de derecha que sostenían su gobierno. Su salida se produjo en medio de una profunda crisis de legitimidad, con apenas un 3 % de aprobación ciudadana según encuestas recientes, y a seis meses de las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
