La Contraloría General de la República (CGR) reunió a todos sus auditores, directores y encargados para analizar el impacto del nuevo Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas en los mecanismos de control interno del Estado.
El encuentro contó con las intervenciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el analista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Alfredo Bueno; y el contralor general de la República, Félix Santana García, quienes coincidieron en que ambas normativas representan un avance decisivo en materia de transparencia, legalidad y fortalecimiento institucional.
El contralor Félix Santana García destacó que la jornada forma parte de los esfuerzos de la Contraloría por mantener actualizado a su personal técnico ante los nuevos desafíos legales. “Cuando el Estado se fortalece jurídicamente, el auditor adquiere más herramientas, más respaldo y más legitimidad para ejercer su labor con objetividad y autoridad moral, reduciendo las amenazas legales”, señaló.
Agregó que los auditores deben ser “agentes de legalidad y guardianes preventivos” de las instituciones públicas, capaces de anticipar riesgos y acompañar a las entidades en la adopción de buenas prácticas, en consonancia con las políticas de transparencia impulsadas por el presidente Luis Abinader.
Por su parte, Yeni Berenice Reynoso resaltó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas introduce un catálogo de nuevos delitos y sanciones, que junto con el Código Penal, contemplan 27 tipos penales nuevos o reforzados. Subrayó la importancia de que los servidores públicos conozcan las herramientas legales para proteger el patrimonio estatal.
“El papel fundamental de ustedes está en conocer las herramientas que las nuevas legislaciones ponen en sus manos, porque ustedes son control interno”, expresó Reynoso, al tiempo que instó a los auditores a “cambiar la cultura” y entender que “el patrimonio del Estado es el patrimonio de todos”.
En tanto, el analista Alfredo Bueno explicó que la nueva Ley de Contrataciones es “más completa y rigurosa”, enfocada en sancionar ilícitos como la falsificación de documentos, de los cuales ya se han detectado más de doscientos casos.
El contralor concluyó señalando que estas reformas legales son “resultado de un proceso de madurez institucional” que busca consolidar un Estado “más justo, ético y transparente”.
Cabe recordar que el nuevo Código Penal, promulgado mediante la Ley 74-25 el 3 de agosto de 2025, sustituye al régimen vigente desde 1884 y entrará en vigor en agosto de 2026, marcando un cambio histórico en el marco jurídico dominicano.
