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Punta Catalina bajo presión: deben entregar registros de emisiones automatizados de sus plantas

Emplazan a Punta Catalina a entregar registros de emisiones de sus plantas

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron formalmente a la gerencia de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) la entrega del registro digital automatizado de emisiones de sus plantas de carbón.

La petición responde a denuncias sobre desfogues nocturnos en las plantas, y abarca el período del 2 al 6 de octubre. La gerencia de Punta Catalina había asegurado que estos datos se registran “segundo a segundo” en un sistema digital que cumple con altos estándares de calidad.

Las organizaciones indicaron que, una vez recibida la información, será analizada por expertos nacionales e internacionales, con apoyo de la Universidad de Duke (EE. UU.) y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) de Finlandia, para verificar los eventos denunciados y certificar los niveles reales de emisiones.

Desde 2021, el CNLCC e Insaproma habían solicitado estos registros al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero los trabajos del estudio sobre contaminación de Punta Catalina fueron abandonados, a pesar de ser un proyecto dispuesto por el presidente Luis Abinader.

Los niveles de emisiones declarados por Punta Catalina —400 mg/Nm³ de dióxido de nitrógeno (NO₂), 400 mg/Nm³ de dióxido de azufre (SO₂) y 30 mg/Nm³ de micropartículas— superan varias veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (150, 130 y 10 mg/Nm³, respectivamente). Por ello, el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, recomendó reemplazar el carbón de Punta Catalina con gas natural o energías renovables y actualizar las normas de calidad del aire del país.

Las organizaciones advierten que los desfogues nocturnos constituyen una descarga masiva de residuos y gases tóxicos, aumentando el impacto ambiental de la planta, y califican esta práctica como un “crimen ambiental”, presuntamente realizada para evitar detener la operación y mantener el mantenimiento rutinario.

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