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El ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, afirmó este lunes que los recientes operativos de inspección y clausura de establecimientos comerciales responden a una política preventiva orientada a proteger vidas humanas y garantizar el cumplimiento de la ley.
Durante su participación en el espacio “LA Semanal con la Prensa”, Bonilla aclaró que las medidas no están dirigidas a ningún grupo en particular, sino que se aplican a toda construcción que presente fallas estructurales o deficiencias que representen un riesgo para la seguridad pública.
“El objetivo de estos operativos es precisamente preservar vidas”, aseguró el ministro. “Se observan fallas estructurales y de construcción importantes a simple vista, detectadas tanto por técnicos del MIVED como por estructuralistas y expertos en la materia”.
Entre los lugares intervenidos figuran comercios, locales y una discoteca, esta última cerrada por precaución ante irregularidades detectadas, sin que pertenezca a empresarios chinos, como se había especulado. “Aquí lo que se busca es preservar vidas y cumplir con la ley”, subrayó Bonilla.
El funcionario reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso con la seguridad estructural y la protección ciudadana, y advirtió que cualquier edificación que no cumpla con las normas técnicas y urbanísticas será sometida a revisión o clausura temporal hasta que se garantice su estabilidad.
Diálogo con empresarios chinos
A raíz de las clausuras realizadas el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 —que incluyeron la tienda Suplax en el Distrito Nacional y otros diez establecimientos en distintas provincias— se inició este lunes un proceso de diálogo entre las autoridades y los empresarios chinos afectados.
El abogado Salvador Catrain, representante legal del grupo, informó que fueron convocados a una reunión con las autoridades competentes tras una llamada recibida el fin de semana. Según explicó, el objetivo es conciliar la posición del MIVED con los derechos de los empresarios, quienes alegan haber sido perjudicados por los cierres.
Los abogados defensores han calificado las medidas como “arbitrarias y carentes de sustento jurídico”, argumentando que afectan la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país. Sin embargo, el MIVED insiste en que sus actuaciones se fundamentan en la protección de vidas humanas y el cumplimiento estricto de la ley.
Con estas acciones, el Ministerio busca reforzar la cultura de seguridad en las construcciones y asegurar que el desarrollo urbano avance de manera responsable y sostenible.
