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El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio contra los implicados en el fraude de aproximadamente RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), desmantelada mediante la Operación Búho.
La estructura criminal habría afectado a 366 víctimas, según el expediente. Entre los acusados figuran Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson, Carina Elizabet García de la Rosa y Pedro Eligio Bonilla, este último declarado en rebeldía.
También fueron señaladas varias empresas vinculadas al caso, entre ellas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L.
El juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el viernes 21 de noviembre a las 9:00 a.m. la audiencia en la que se dará a conocer el fallo sobre la apertura a juicio.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Yrcania Ibelice Casado Pimentel, solicitó que se admita la acusación completa, respaldada por pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la DGII y del Registro de Títulos. Además, pidió el decomiso de bienes, cuentas bancarias, embarcaciones y propiedades lujosas para beneficio de las víctimas.
La Operación Búho, iniciada el 4 de octubre de 2023, movilizó a más de 20 fiscales, 100 policías y agentes de equipos especiales, tras meses de investigación que revelaron que los acusados simulaban préstamos y emitían certificados financieros falsos para desviar los fondos de los asociados y ahorrantes de la cooperativa.
La acción fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
