La llamada Operación Gepardo ha destapado uno de los fraudes inmobiliarios más grandes registrados en el país. De acuerdo con el Ministerio Público, una red integrada principalmente por mujeres habría engañado a 469 personas, captando más de 18 millones de dólares mediante la venta de proyectos ficticios en La Altagracia y La Romana.
Entre las principales señaladas figura la venezolana Kaylis Belfon, detenida en Colombia y acusada de administrar los fondos y coordinar planes de fuga. También aparece la dominicana Loani Ortiz, vinculada al manejo de la cuenta principal de la empresa fachada, junto a su madre Marisol Nova, quien figura como socia pese a no tener experiencia ni respaldo económico, pero con bienes adquiridos durante el esquema.
La lista de imputadas se completa con Rocío Rodríguez, relacionada con la promoción de los proyectos; Astrid Bello, quien habría recibido más de 100 mil dólares en comisiones; Zamaira del Rosario, acusada de atraer compradores con falsas promesas; y Loani Guerrero, contadora señalada de manejar las transacciones financieras.
Las autoridades sostienen que cada una cumplía un papel específico: captar clientes, mover dinero, promocionar proyectos inexistentes o sostener la ilusión de la vivienda soñada. La investigación también revela vínculos familiares y conexiones internacionales que habrían servido para blindar la operación.
El impacto del fraude no se limita al territorio dominicano. Entre los afectados figuran también víctimas residentes en Estados Unidos, quienes confiaron sus ahorros de años en la promesa de adquirir una vivienda en el país y hoy se encuentran igualmente despojados de su dinero.
Mientras tanto, cientos de familias afectadas permanecen sin recuperar los recursos que destinaron a la compra de su casa. La gran pregunta sigue abierta: ¿qué ocurrirá con las víctimas de esta estafa y si lograrán algún día obtener justicia y resarcimiento?
