Santo Domingo, sábado. Los pasillos de la Procuraduría General de la República (PGR) se mantienen activos y vigilados desde la tarde de este sábado, cuando Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y el empresario Eduardo Read acudieron por separado a rendir declaraciones en el marco de la investigación sobre un posible desfalco en la institución.
Ambos llegaron acompañados de sus equipos legales y, desde esa tarde, aún permanecen en la Procuraduría sin salir, evitando ofrecer comentarios a la prensa. El Ministerio Público no ha divulgado detalles sobre el contenido de los interrogatorios.
Investigación por presuntas irregularidades en Senasa
El ambiente dentro y fuera de la Procuraduría se caracteriza por la discreción y la tensión. Personal administrativo y agentes de seguridad se mueven constantemente entre los pasillos, reforzando la vigilancia de la sede.
De acuerdo con denuncias preliminares, el Senasa habría autorizado miles de procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron facturados y cobrados por prestadores privados. Parte de estas operaciones se habría gestionado mediante un “call center paralelo”, operado por exempleados que utilizaron datos de afiliados sin su consentimiento.
Las irregularidades también incluirían un aumento desproporcionado de la nómina, decisiones administrativas sin sustento legal y retrasos en pagos a prestadores, lo que habría derivado en sanciones por mora.
Respuesta del Gobierno ante la situación
Frente a la serie de denuncias, el Gobierno informó que en noviembre de 2024 envió a la PGR una solicitud formal para investigar posibles irregularidades en Senasa.
En medio de la polémica, el presidente Luis Abinader destituyó a Hazim y nombró en su lugar a Edward Guzmán, con la misión de liderar un proceso de reestructuración interna de la institución.
La Cámara de Cuentas confirmó que actualmente mantiene tres auditorías abiertas sobre Senasa: una financiera, otra forense solicitada por el Ministerio Público y una ordinaria. La auditoría publicada correspondiente al período 2017-2019 identificó irregularidades por más de RD$4,200 millones, incluyendo compras irregulares, violaciones de procedimientos y registros contables inconsistentes.
Sectores políticos y sociales exigen más transparencia
Pese a estos hallazgos, sectores políticos y sociales han cuestionado que las auditorías no cubran los años más recientes, justamente los que están siendo señalados en las denuncias actuales.
El caso continúa desarrollándose y se espera que en las próximas horas la Procuraduría ofrezca más información sobre los interrogatorios de Hazim y Read, quienes siguen en la sede desde que llegaron con sus abogados esta tarde.
