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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aún no ha convocado la audiencia para tratar la solicitud de medida de coerción contra los cuatro empleados del Instituto Integral Leonardo Da Vinci implicados en la trágica muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, quien perdió la vida el 14 de noviembre durante una excursión escolar.
La menor de 11 años murió ahogada en un incidente ocurrido en una piscina de una hacienda en Santiago, cuando el grupo de estudiantes fue llevado sin las medidas adecuadas de seguridad.
Aunque el Ministerio Público ya ha formalizado la solicitud de medidas cautelares, hasta el momento no se ha fijado la fecha para su conocimiento.
Familia de Stephora espera detalles completos sobre el proceso judicial
El abogado de la familia de la niña, Miguel Díaz, expresó su preocupación por la falta de información oficial sobre el avance del caso. Según Díaz, aún no han recibido notificación formal sobre la solicitud de medida de coerción, y solo han conocido los arrestos de los implicados a través de los medios de comunicación.
“Todavía no se ha programado la audiencia. Fuimos a preguntar, y la información que ustedes tienen es la misma que nosotros. Lo único que nos han dicho es que el expediente, que incluye las pruebas y videos del hecho, nos será entregado a lo largo del día”, comentó Díaz.
El abogado reiteró que, por ahora, no emitirán juicios sobre las medidas propuestas hasta revisar la totalidad de las evidencias. “Queremos un proceso transparente, como lo hemos exigido desde el primer día. No vamos a criticar ni alabar nada sin ver los videos y todo el material probatorio”, agregó.
Solicitan medidas drásticas contra los implicados
El Ministerio Público, a través de su Oficina Judicial, presentó el pasado domingo una solicitud formal de medida de coerción contra las cuatro personas involucradas, incluyendo la directora administrativa, la coordinadora general, la orientadora y la coordinadora del nivel secundario del centro educativo.
La solicitud incluye una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno de los acusados, impedimento de salida del país sin autorización, presentación periódica ante las autoridades y la colocación de localizadores electrónicos.
Los cuatro imputados son:
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Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa
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Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general
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Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora
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Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario
El Ministerio Público considera que la conducta de estos empleados del centro educativo configura los delitos de homicidio involuntario, abandono y maltrato de menores. La acusación se basa en que, durante la excursión, el colegio movilizó a 87 niños con apenas tres cuidadoras, sin contar con salvavidas, sin verificar si los menores sabían nadar y sin tomar precauciones sobre la profundidad de la piscina en la que ocurrió la tragedia.
El video clave: «negligencia extrema»
Según la investigación del Ministerio Público, el caso está siendo respaldado por un video que muestra lo que el órgano acusador ha calificado como «negligencia extrema» tanto de las cuidadoras como de los responsables de la organización del evento. El video sería crucial para demostrar las fallas en la supervisión del grupo y la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes.
A medida que se espera que el tribunal defina la fecha de la audiencia, la familia de Stephora sigue esperando justicia. La comunidad educativa y la sociedad en general también mantienen la mirada fija en este caso, que resalta la importancia de una supervisión adecuada en actividades escolares y el respeto por la seguridad de los niños.
