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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha destapado un entramado de corrupción sistemática en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que involucra a altos funcionarios y empresarios del sector salud. La investigación, conocida como Operación Cobra, revela que más de mil ciento sesenta y cinco millones de pesos fueron desviados mediante sobornos a cambio de asegurar la continuidad de un programa destinado a la nutrición de adultos mayores.
Según el expediente, todo comenzó el 5 de octubre de 2020, cuando SENASA, representado por su entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, firmó un contrato con la empresa Nutrimed Marine Alvarado SRL, propiedad de Richard de Jesús Marine Alvarado. El acuerdo inicial buscaba únicamente la asignación de códigos de servicios a la población afiliada al régimen contributivo, sin contemplar la venta de productos nutricionales.
Sin embargo, a pesar de que la empresa aún no contaba con habilitación sanitaria, SENASA extendió un addendum el 15 de octubre de 2020, que modificaba la población afiliada del régimen contributivo al subsidiado y añadía la entrega de tres kits de nutrición, con productos como Revidox, Sarcodyn y proteína en polvo, cuyo registro sanitario fue aprobado meses después, en julio y septiembre de 2021.
El expediente judicial indica que Cinty Acosta Sención, quien posteriormente se convertiría en propietaria de la empresa renombrada Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina SRL, aceptó entregar el 30% de los pagos recibidos de SENASA como sobornos para asegurar que el programa continuara sin interrupciones. Los pagos fueron canalizados inicialmente a través de José Pablo Ortiz Giráldez, quien recibió cerca de 529 millones de pesos y entregaba el 90% al imputado Hazim Albainy. Posteriormente, el esquema fue asumido por Germán Rafael Robles Quiñones, director jurídico de SENASA, quien recibió más de 536 millones de pesos en efectivo entre 2022 y 2023.
Además, la investigación revela que Jhonny Morales, intermediario en la obtención del contrato, percibió 95 millones de pesos, equivalentes al 3% del monto facturado por la empresa. El sistema estaba perfectamente estructurado: mientras Hazim Albainy coordinaba desde su cargo, Ortiz Giráldez recaudaba y Robles Quiñones garantizaba la legalidad aparente de los pagos, consolidando un esquema de corrupción continuo y organizado.
Durante los años investigados, los fondos públicos fueron utilizados de manera ilícita para garantizar la continuidad del “Programa Evaluación Nutricional Adulto Mayor”, agilizar procesos internos y aprobar facturas sin justificación, según los documentos, peritajes y testimonios recopilados por la PEPCA.
Este caso pone en evidencia cómo los recursos destinados a la salud de la población más vulnerable fueron manipulados por una red de funcionarios y empresarios, desafiando la normativa vigente y comprometiendo la transparencia institucional en SENASA. La Operación Cobra continúa en curso, y se espera que los responsables enfrenten sanciones severas por la utilización indebida de los fondos públicos.
