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Santo Domingo. — La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló los hallazgos de una de las investigaciones más amplias de los últimos años: “Operación Cobra”, un expediente que describe cómo, desde el año 2020, un entramado dirigido desde la cúspide del Seguro Nacional de Salud (SENASA) habría desviado fondos públicos, manipulado contrataciones y tejido una red de sobornos que golpeó de manera directa los recursos destinados a la salud de la población más vulnerable del país.
Según el Ministerio Público, el esquema se activó tan pronto como Santiago Marcelo Hazim Albainy fue designado director ejecutivo del SENASA mediante el decreto 377-20, el 21 de agosto de 2020. Pero, afirman los fiscales, el plan estaba en marcha incluso antes de que el cargo fuera oficial.
Un entramado desde el primer día
El expediente detalla que, antes de asumir su posición, Hazim ya recibía beneficios de empresarios que más tarde serían parte del esquema. Entre ellos figura la adquisición de una Lincoln Navigator 2020, vehículo que, de acuerdo con las pruebas, fue financiado a través de la cuenta bancaria de la esposa del empresario José Pablo Ortiz Giráldez. Este último sería luego señalado como la “mano derecha” para el manejo del dinero ilícito proveniente de sobornos.
La declaración jurada de Hazim, entregada en 2025, confirmó que el vehículo fue registrado como comprado en junio de 2020, cuando aún no tenía el nombramiento oficial, pero sí —según la PEPCA— total certeza de que ocuparía el cargo.
El comité que nunca debió existir
A su llegada al SENASA, Hazim habría implementado una estructura diseñada para dar apariencia de legalidad a decisiones previamente pactadas. El punto de partida fue la creación, sin base legal ni procedimental, del llamado “Comité de Contrataciones Médicas”, inexistente hasta esa fecha.
Este comité estuvo integrado únicamente por personas de su círculo de confianza:
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Francisco Iván Minaya
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Roberto Canaán
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Gustavo Guilamo
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Germán Robles
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Carmen José Velázquez
Los fiscales describen este organismo como “un instrumento” para aprobar, de forma discrecional, prestadores de servicios de salud vinculados a intereses políticos y económicos del propio Hazim. Las decisiones eran, en ocasiones, enviadas como listas cerradas por sus asistentes de confianza, quienes llegaban a las reuniones con nombres ya aprobados y frases que, según testigos, significaban órdenes incuestionables: “Eso es del CEO”, “eso viene del Olimpo”, “vino respaldado”.
El comité operaba al margen del Comité de Compras establecido por la ley 340-06, amparándose en la clasificación de ciertos servicios como “servicios de salud”, incluso cuando no lo eran, para evadir los procedimientos obligatorios.
Esta estructura, afirma la PEPCA, permitió la aprobación de centros sin habilitación, sin infraestructura mínima y, en algunos casos, sin existir realmente como prestadores.
Un daño que trascendió lo económico
La Procuraduría subraya que el fraude no solo significó un golpe al patrimonio público. La red afectó directamente los derechos fundamentales de miles de afiliados, especialmente adultos mayores, niños y pacientes vulnerables que dependían de los programas sociales del SENASA.
Entre los prestadores favorecidos irregularmente figuran empresas como Nutrimed Marine Alvarado SRL, Flavorheart Food Parts SRL, Super Kiddos SRL, VacuMed SRL, Grupo Siulrod SRL, entre otras.
Programas sociales convertidos en vía para la estafa
Una de las líneas más sensibles del expediente está vinculada al programa “SENASA Cuida de Ti”, concebido desde 2018 para mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Aunque el programa tenía un marco formal, la PEPCA sostiene que, desde 2020, se agregaron de manera irregular dos nuevos supuestos “programas especiales”:
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Programa Nutrisalud SENASA
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Programa de Nutrición Adulto Mayor
Estos permitieron contratar a las empresas Nutrimed y Flavorheart Food Parts, ambas señaladas como parte del plan para desviar fondos mediante suplementos nutricionales a sobrecosto o sin justificación técnica.
La imputada Cinty Acosta Sención, presentada en 2020 a Hazim como experta en salud, habría negociado con los dueños de Nutrimed la adquisición del 50 % de las acciones de la empresa a cambio de asegurar la aprobación de programas en SENASA. Según el Ministerio Público, Acosta recibiría además el 40 % del ingreso bruto del Programa de Nutrición del Adulto Mayor.
En octubre de 2020, ya con Hazim en funciones, SENASA firmó el primer contrato base con Nutrimed, a pesar de que este no contemplaba venta de productos nutricionales a la escala que posteriormente se ejecutó.
“Una conducta sostenida, sistemática y estructurada”
La PEPCA asegura haber reunido evidencia que muestra que Hazim, Minaya, Canaán, Robles y Velázquez actuaron como una asociación ilícita para manipular procesos, vender decisiones a través de sobornos y privilegiar intereses políticos y personales. Todo ello, en violación directa a la Constitución, las leyes de seguridad social, y la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
La investigación, que abarca el período 2020–2025, detectó pagos millonarios sin sustento, prestadores aprobados sin requisitos mínimos, manipulación de bordereaux, falsificación de estados financieros y un patrón de decisiones arbitrarias diseñadas para redirigir fondos públicos a la estructura criminal.
El impacto final: millones perdidos y un sistema vulnerado
El expediente asegura que las maniobras generaron un daño patrimonial cuantioso y comprometieron la sostenibilidad del sistema de salud pública. Los recursos desviados estaban destinados a atención médica, cobertura de medicamentos, servicios preventivos y programas para adultos mayores, niños y sectores de bajos ingresos.
“Se quebrantaron los principios de legalidad, transparencia, integridad y buena administración, afectando directamente los fines esenciales del Estado”, señala la acusación.
Lo que viene ahora
Con el expediente en manos de la justicia, el Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción contra los implicados. La sociedad dominicana, mientras tanto, observa con atención, consciente de que este caso no solo expone el desvío de fondos, sino la vulnerabilidad de instituciones clave para el bienestar social.
La Operación Cobra apenas comienza, y promete ser uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
