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El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mmarn) dieron un paso firme hacia la protección del patrimonio natural del país al firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional que busca garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la preservación de las áreas protegidas.
El convenio fue rubricado por Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial; Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario; y Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente, quienes destacaron la importancia de aunar esfuerzos para proteger los recursos naturales y mejorar los procesos registrales.
Para Ricardo Noboa, este acuerdo no solo impulsa la interoperabilidad entre el Registro Inmobiliario y el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también simplifica los trámites relacionados con los terrenos dentro de las áreas protegidas. “El propósito principal es garantizar la seguridad y publicidad de estos espacios, al tiempo que promovemos estrategias de preservación”, indicó el funcionario.
Por su parte, Paíno Henríquez subrayó el compromiso de su cartera con la defensa del patrimonio natural. “Cada metro del territorio protegido debe estar claramente delimitado y bajo seguridad jurídica. La colaboración con el Poder Judicial fortalece la transparencia, la eficiencia registral y la defensa efectiva de nuestros recursos naturales”, señaló.
El acuerdo establece que el Poder Judicial brindará asistencia legal y apoyo técnico para las labores catastrales, incluyendo la actualización de perímetros y la identificación de terrenos del Estado en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. También se pondrán a disposición herramientas digitales que permitirán a ambas instituciones acceder en tiempo real al estado de los expedientes y a la información registral y catastral.
En paralelo, el Ministerio de Medio Ambiente se encargará de proporcionar información actualizada sobre delimitaciones, zonas de amortiguamiento y otros territorios vinculados a la preservación ambiental, además de someter los expedientes necesarios para la titulación de las áreas protegidas. El ministerio también apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales en las dependencias del Poder Judicial.
Ambas instituciones se comprometieron a mantener la confidencialidad y la integridad de la información intercambiada, prohibiendo su venta, transferencia o uso indebido, y establecieron que el acuerdo tendrá una duración de cuatro años.
Cabe recordar que esta alianza sigue la senda del Acuerdo de Colaboración firmado en febrero de 2021, que ya había sentado las bases para el intercambio de recursos legales y técnicos con miras a la protección ambiental.
