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El Senado dominicano comenzó a analizar un proyecto de reforma policial que podría cambiar de manera radical la forma en que la Policía Nacional se relaciona con instituciones públicas y empresas privadas.
La iniciativa, entregada el martes al Congreso por el Poder Ejecutivo, busca poner fin a una práctica histórica: la asignación de policías como personal de seguridad en ministerios, direcciones y entidades del Estado.
Según el artículo 147 del proyecto, los agentes estarán prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en dependencias públicas, salvo situaciones excepcionales justificadas por riesgos específicos y con autorización del Ministerio de Interior y Policía. En paralelo, el artículo 146 establece que las empresas privadas solo podrán solicitar agentes en casos extraordinarios de interés público, debiendo asumir los costos íntegros del servicio.
Más allá de la reubicación de los policías, la reforma apunta a una transformación profunda del modelo policial dominicano. Entre los artículos 148 y 161, se redefine el uso de la fuerza, estableciendo que las actuaciones deberán regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Además, se contempla el uso de la fuerza para disolver manifestaciones no pacíficas y la obligación de notificar al Ministerio Público ante cualquier daño causado durante las intervenciones.
Otro eje central de la propuesta es la profesionalización. Se plantea la creación del Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, encargado de certificar competencias, validar conocimientos y evaluar el desempeño de todos los agentes. La carrera policial se ajustará a procesos académicos y evaluaciones continuas, y solo los miembros de carrera podrán ejercer funciones policiales, condicionando ascensos y traslados al rendimiento y cumplimiento de requisitos específicos.
La transparencia y la ética también ocupan un lugar destacado. Todos los niveles de la Policía deberán presentar declaraciones juradas de patrimonio, mientras que conductas como consumo de drogas, uso irresponsable de armas o fuga de detenidos se tipifican como faltas muy graves. La propuesta además fortalece las garantías para los agentes en situaciones de riesgo, asegurando defensa legal, apoyo psicológico y atención médica, así como la facultad de rechazar órdenes manifiestamente ilegales.
La regulación de armas se ajusta a un control más estricto: cada policía tendrá un arma exclusiva para servicio preventivo, municiones con identificación institucional, registro balístico obligatorio y revisiones periódicas.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que el proyecto será estudiado de inmediato por una comisión que emitirá un informe recomendando su aprobación o rechazo. Con esta reforma, el país podría enfrentar un cambio histórico en la relación entre la Policía Nacional y la sociedad, limitando de manera significativa la presencia de agentes fuera de sus funciones de seguridad pública.
