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Santo Domingo. – El Grupo Read, encabezado por Eduardo Read Estrella, uno de los acusados en el denominado Caso Senasa, habría recibido más de RD$7,110,824,754.42 entre agosto de 2020 y agosto de 2025, mediante contratos y adendas suscritos con la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) del Estado.
Así lo establece el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción contra Read Estrella y otros nueve implicados en el supuesto entramado de corrupción que, según la acusación, desvió fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad que brinda cobertura a más del 70 % de la población dominicana.
El monto se distribuye entre las tres empresas vinculadas al grupo, que operaban como prestadoras de servicios de salud: Khersum, S.R.L., Deleste, S.R.L. y Farmacard, S.R.L.
El expediente señala que Santiago Hazim, entonces director de Senasa, habría favorecido de manera irregular a las compañías del Grupo Read mediante la firma de contratos de servicios de atención primaria con pagos capitados, sin mecanismos adecuados de control y supervisión.
El Ministerio Público afirma que Hazim recibió un 30 % de los pagos efectuados por Senasa al Grupo Read en condición de sobornos, suma que asciende a RD$1,621,337,217.15, canalizados a través de José Pablo Ortiz Giraldez.
Por empresa, la acusación detalla que Hazim recibió:
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RD$1,166,401,310.63 por vía de Khersum,
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RD$391,418,157.12 de Deleste, y
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RD$63,517,749.40 mediante Farmacard.
Contratos con Khersum
La empresa Khersum, S.R.L., propiedad de Read Estrella, obtuvo RD$3,882,113,916.57 entre agosto de 2020 y agosto de 2025.
Una auditoría médica forense reveló anomalías contractuales, fallas técnicas y presuntos actos fraudulentos que violaban la Ley 87-01 y normativas de SISALRIL, comprometiendo la validez de los contratos, la sostenibilidad financiera de la ARS y la calidad de los servicios.
Además, el esquema de pagos por telemedicina —implementado sin estudios técnicos, sin criterios para seleccionar beneficiarios y sin controles efectivos— generó un desvío significativo de fondos públicos.
Según la investigación, se autorizaban pagos mensuales de RD$5,000,000.00 por servicios de telemedicina a 2,000,000 afiliados, sin evidencia de ejecución. Khersum también recibía RD$65 millones mensuales para la atención de esos afiliados, pero una auditoría de 2023 comprobó que solo el 4.2 % (unos 21,000 usuarios) utilizaban los servicios.
El valor real de los servicios se estimó en RD$2,730,000.00, lo que refleja pagos injustificados por alrededor de RD$62,270,000.00 cada mes.
El MP sostiene que estos incrementos se produjeron tras la llegada de Hazim a la dirección de Senasa, modificándose de forma sustancial las condiciones contractuales sin sustento técnico ni administrativo.
También se identificó un aumento irregular en la cantidad de afiliados asignados al grupo, así como la ampliación de servicios sin procesos de licitación ni demostración de necesidad pública.
El modelo de pago per cápita también fue modificado, alterando las condiciones económicas del contrato y afectando las finanzas de Senasa.
Contratos con Deleste
La empresa Deleste, S.R.L. recibió RD$932,100,000.00 entre 2020 y 2025.
Entre los servicios que debía ofrecer a 500,000 afiliados figuraban atención ambulatoria, diagnósticos (laboratorios, rayos X, ecografías, electrocardiogramas y citología), programas de prevención y promoción de la salud, y atención domiciliaria.
Una auditoría forense de septiembre detectó duplicidad potencial en la prestación de servicios, derivada de la subcontratación de un proveedor que ya tenía contrato directo con Senasa, lo que generó pagos sin trazabilidad.
Asimismo, se determinó que Senasa pagó por servicios no realizados, al reconocer valores por afiliados no verificados en las matrices enviadas por Deleste, configurando pagos sin causa justificada y contrarios a los principios de legalidad y eficiencia.
Contratos con Farmacard
La empresa Farmacard, S.R.L. recibió RD$2,296,610,837.85 entre agosto de 2020 y agosto de 2025 por un contrato de “compra y venta de servicios de salud”.
El Ministerio Público afirma que no se pudo verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por la empresa. La Unidad de Antifraude de la Contraloría concluyó que Senasa dependía del proveedor para validar y auditar los servicios, lo que generó múltiples irregularidades.
El imputado Francisco Iván Minaya, entonces gerente de Salud, habría sido el responsable directo de esta contratación, otorgando a Farmacard facultades indelegables, como la autorización de pagos a farmacias, competencia exclusiva de Senasa.
