El Gobierno de España pidió a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según adelantó el diario El Español y confirmaron a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
España realizó la gestión tras la asunción de Rodríguez al poder, luego de que la hasta entonces vicepresidenta jurara el cargo ante la Asamblea Nacional, después de que su antecesor, Nicolás Maduro, fuera detenido el sábado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos.
Las mismas fuentes indicaron que el Ejecutivo español envió una “nota verbal” al Gobierno venezolano para reiterar que España mantendrá su presión y no desistirá en los esfuerzos por lograr la excarcelación de los detenidos.
Contactos de Albares con Delcy Rodríguez
El Gobierno español, que ha expresado fuertes críticas al operativo estadounidense, anunció este lunes a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su intención de comunicarse directamente con Delcy Rodríguez.
Albares explicó que España mantiene diversos intereses en Venezuela, incluidos los empresariales, además de una comunidad de aproximadamente 200,000 ciudadanos españoles, y reafirmó que el Ejecutivo español prioriza la liberación de todos los presos políticos españoles.
El canciller también confirmó que España continuará el diálogo con la oposición venezolana en busca de acuerdos que favorezcan la estabilidad del país.
Cerca de una veintena de españoles detenidos
Entre 14 y 20 ciudadanos españoles permanecían privados de libertad en Venezuela por motivos políticos o considerados arbitrarios hacia finales de 2025.
El Gobierno español confirmó que 14 personas con nacionalidad española se encontraban detenidas de forma arbitraria en cárceles venezolanas, la mayoría con doble nacionalidad y con vínculos de nacimiento o residencia en ese país.
Por su parte, la ONG Foro Penal y otras organizaciones venezolanas denunciaron la presencia de ciudadanos extranjeros —entre ellos españoles— entre los presos políticos.
En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela reportaron la existencia de cerca de 20 ciudadanos españoles encarcelados por razones políticas.
Uno de los casos más recientes corresponde a la detención de dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, arrestados en septiembre de 2024 y acusados por las autoridades venezolanas de pertenecer al CNI y planear un atentado contra Maduro, hecho que algunos sectores interpretaron como una represalia del chavismo por el acogimiento en España de Edmundo González Urrutia.
