El Gobierno de la República Dominicana reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su rechazo categórico a la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, y llamó a impulsar una transición democrática pacífica, soberana y liderada por los propios venezolanos, ante la profunda crisis política, institucional y humanitaria que atraviesa ese país.
Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recordó que la OEA se fundó sobre los principios de la libertad individual, la justicia social y el respeto a las instituciones democráticas, sustentadas en la dignidad humana. Señaló que ese espíritu debe guiar hoy las decisiones del hemisferio frente a una situación compleja y prolongada que afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región.
Álvarez advirtió que la crisis venezolana ha traspasado sus fronteras, impactando a múltiples sociedades y generando divisiones dentro del organismo regional. En ese sentido, calificó la coyuntura actual como “especialmente delicada y peligrosa”, e instó a los países a actuar con responsabilidad colectiva para evitar una escalada de tensiones, proteger a la población venezolana y salvaguardar la estabilidad regional.
En relación con el proceso electoral, el canciller fue enfático al afirmar que República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro y, junto a otros Estados, exigió la publicación completa de las actas electorales y su verificación internacional. Recordó que, como respuesta a estas demandas, el 30 de julio de 2024 Venezuela expulsó a representantes diplomáticos dominicanos y de otros seis países, hecho que evidenció —según indicó— el deterioro democrático e institucional.
Asimismo, rememoró que el 16 de agosto de 2024, con motivo de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, el país promovió la Declaración de Santo Domingo, respaldada por 22 naciones y la Unión Europea, la cual exigió transparencia electoral y respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo venezolano.
El ministro reiteró que la postura dominicana es coherente con sus valores democráticos y sostuvo que el país no legitima regímenes de facto ni avala hechos consumados al margen de la voluntad popular. No obstante, subrayó la necesidad de evitar mayores confrontaciones que pongan en riesgo la paz social y la integridad del pueblo venezolano.
Finalmente, Álvarez identificó como prioridades inmediatas para la comunidad internacional la preservación del funcionamiento básico del Estado venezolano y la construcción de una hoja de ruta seria y realista que facilite una transición democrática, enmarcada en los principios de soberanía, autodeterminación y solución pacífica de las controversias, como vía para una salida duradera a la crisis.
