En la teoría moderna del Estado, el viejo debate ideológico sobre el tamaño del sector público se ha convertido en un anacronismo. En la tercera década del siglo XXI, la discusión relevante ya no gira en torno a cuánto interviene el Estado, sino a cómo lo hace, con qué calidad institucional y con qué capacidad logra incidir sobre la conducta social.
Durante décadas, la política pública en América Latina operó bajo un paradigma normativo y correctivo. La lógica era conocida: identificar un problema, redactar una ley, crear un organismo de control y sancionar su incumplimiento. Este modelo produjo avances importantes, pero también mostró límites evidentes cuando se trató de modificar conductas sociales profundas. Los hábitos cotidianos no cambian por decreto ni la cultura cívica se construye únicamente a través de la sanción.
Frente a esas limitaciones, la economista Mariana Mazzucato ha planteado una reformulación sustantiva del rol estatal a través del concepto de economía de misión. En su obra Mission Economy, sostiene que los Estados más efectivos no son los que se limitan a corregir fallas de mercado, sino aquellos capaces de orientar misiones colectivas. La política pública deja de actuar de forma reactiva y pasa a diseñar el rumbo hacia el cual una sociedad decide avanzar.
La noción de misión implica algo más que una política sectorial. Supone alinear incentivos, capacidades institucionales y expectativas sociales alrededor de un propósito común. En este marco, el éxito de una política no se mide solo por su cumplimiento legal, sino por su capacidad de transformar comportamientos. Gobernar deja de ser únicamente mandar y pasa a ser diseñar contextos donde las personas eligen actuar de otra manera.
Desde esa lógica cobra sentido una iniciativa desarrollada en Santo Domingo: el intercambio de residuos plásticos por juguetes y, posteriormente, por útiles escolares. A partir de 2021, el Ayuntamiento del Distrito Nacional organizó jornadas de canje que transformaron un residuo cotidiano en un activo con valor tangible para las familias. Más allá de las cifras, lo relevante es el mecanismo de política pública que se activa.
No hay sanción, no hay coerción, no hay multa. Hay reglas simples, recompensa inmediata y repetición en el tiempo. El residuo deja de ser basura para convertirse en moneda de intercambio. La ciudadanía deja de ser objeto pasivo de una norma ambiental y pasa a ser parte activa de una misión urbana: reducir el impacto del plástico sin necesidad de vigilancia permanente.
Este enfoque adquiere una dimensión estratégica en un contexto global donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor de competitividad. Para países cuya economía depende de su entorno natural y de su imagen turística, la gestión de residuos no es solo un asunto ambiental. Es también un asunto económico y reputacional. El plástico mal gestionado afecta infraestructuras, ecosistemas y el relato de país que se proyecta hacia el exterior.
Entendida como misión, la economía circular reduce ese riesgo y proyecta una señal de capacidad institucional. No se trata de que el Estado lo haga todo, sino de que sepa coordinar, inspirar y alinear incentivos. El intercambio de residuos por bienes sociales demuestra que es posible gobernar comportamientos desde la cultura cívica y no desde la amenaza permanente.
La lección va más allá del reciclaje. El liderazgo público de este siglo no se mide por la cantidad de leyes promulgadas, sino por la capacidad de imaginar soluciones fuera de la inercia burocrática y de producir cambios duraderos en la relación entre la sociedad y su entorno. Gobernar hoy no es solo administrar el presente, sino asumir la responsabilidad de diseñar el futuro.
