La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone tipificar como asesinato la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida fue sometida para evaluación al inicio de la tercera sesión ordinaria.
La propuesta legislativa persigue enmendar el Código Penal para incluir de forma expresa al concebido dentro de la definición de ser humano en los casos de asesinato. En el texto del proyecto, que consta de dos páginas, se establece que “en ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.
Según la exposición de motivos del Proyecto del Senado 923, la inclusión de esta disposición en el Artículo 92 del Código Penal —que define el asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”— resulta necesaria precisamente “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.
La iniciativa se enmarca dentro de legislación aprobada previamente por la primera ejecutiva. A finales de 2025, González firmó la Ley 166-2025, aprobada “en honor a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021”. Dicha ley tipifica como asesinato en primer grado cuando se causa la muerte intencional y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando también en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
De igual forma, con la promulgación de la Ley 183-2025, la gobernadora enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno como persona natural.
Sin embargo, el Proyecto del Senado 504 —que posteriormente se convirtió en la Ley 183— generó el rechazo de médicos y profesionales del derecho, quienes advirtieron que la medida representaba un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de poner en riesgo la práctica médica. Entre los opositores figuraron alrededor de 300 médicos que hicieron pública su postura mediante una carta abierta.
Los galenos también sostuvieron que la legislación afectaría “de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas”.
