La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha programado para el martes 20 de enero, a las 10:00 de la mañana, la audiencia en la que Santiago Hazim y seis personas más solicitarán la revocación de la prisión preventiva que les fue impuesta por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Junto a Hazim, también buscarán modificar la medida de coerción Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por su parte, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo cumplen arresto domiciliario con prohibición de salida del país, mientras que a Acosta Sención y Pineda Perdomo se les fijó una garantía económica de 100 mil pesos cada una.
Santiago Hazim, considerado el principal implicado en el presunto desfalco millonario contra SeNaSa, junto a sus coimputados, solicitó formalmente a la Corte de Apelación la modificación de la medida que los mantiene privados de libertad, mostrando su desacuerdo con la decisión tomada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que los acusados formaban parte de una red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano por un monto aproximado de 15,900 millones de pesos, afectando a más de siete millones de afiliados, en su mayoría personas de bajos recursos. Durante la audiencia de imposición de coerción, la fiscalía presentó un amplio expediente compuesto por más de 138 pruebas documentales y 35 testimoniales y periciales, buscando demostrar la implicación directa de los imputados en el esquema fraudulento.
Entre los hechos denunciados, las autoridades señalaron que un paciente habría sido sometido a cinco cateterismos innecesarios con el objetivo de generar ganancias ilegales.
El equipo acusador estuvo encabezado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e integrado además por los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco y falsificación de documentos, entre otros cargos.
