Una frontera cada vez más difusa
En los últimos años y con mayor intensidad en el presente hemos sido testigos de una tendencia preocupante: el crecimiento del llamado sicariato mediático, amplificado por redes sociales y, en no pocos casos, alimentado por estructuras de poder que deberían estar comprometidas con la institucionalidad y no con la demolición reputacional.
No se trata de un fenómeno nuevo. Lo novedoso es su velocidad, su alcance y sus consecuencias.
Hoy, una denuncia sin verificar puede convertirse en sentencia social en cuestión de horas. Un señalamiento sin pruebas puede provocar destituciones inmediatas, procesos judiciales acelerados e incluso medidas de coerción, muchas veces antes de que los hechos sean debidamente investigados.
Aquí surge una pregunta incómoda pero inevitable:
¿estamos avanzando en la solución del problema con la misma rapidez con la que avanza el problema mismo?
Cuando el Estado se convierte en patrocinador del ruido
El escenario se vuelve aún más delicado cuando este tipo de prácticas se ve reforzado directa o indirectamente por patrocinios estatales a medios, plataformas o comunicadores que operan más como brazos de presión que como instrumentos de información.
El periodismo financiado con recursos públicos debería elevar los estándares de rigor, equilibrio y responsabilidad. Sin embargo, cuando esos recursos terminan sosteniendo narrativas acusatorias, selectivas o interesadas, el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser parte del problema.
Esto no solo erosiona la credibilidad de los medios, sino que compromete la legitimidad de la acción pública.
Reaccionar rápido no siempre es gobernar bien
En su afán por mostrar firmeza, transparencia o “tolerancia cero”, los gobiernos enfrentan una presión inédita. En la era digital, el silencio institucional se interpreta como complicidad, y la demanda de reacción inmediata es constante.
Gobernar hoy no es hacerlo en condiciones ideales, sino bajo asedio permanente. Y eso debe reconocerse.
Sin embargo, confundir rapidez con justicia es un error costoso. Cuando la reacción sustituye a la investigación y el titular desplaza al expediente, el Estado corre el riesgo de validar un método que mañana puede volverse contra cualquiera, incluso contra quienes hoy lo celebran.
Un antes y un después inquietante
Hay un elemento que marca una diferencia clara con el pasado. Hoy vemos funcionarios destituidos y personas sometidas a medidas de coerción en etapas muy tempranas de los procesos, algo que hasta hace poco era excepcional.
Esto puede interpretarse como un avance en la lucha contra la impunidad. Pero también puede ser la señal de otro extremo igual de peligroso: la judicialización precipitada de la sospecha, impulsada más por presión mediática que por investigaciones concluyentes.
Si no se corrige el rumbo, corremos el riesgo de pasar de la impunidad a la arbitrariedad.
Reflexión final necesaria
El problema avanza rápido. Demasiado rápido.
Pero sería injusto y simplista colocar toda la carga sobre el accionar del gobierno. La presión es real, constante y muchas veces despiadada.
Aun así, ceder por completo a la lógica del linchamiento no es una opción democrática.
El sicariato mediático no se combate con improvisación ni con decisiones para calmar redes sociales. Se combate con instituciones fuertes, procesos claros y decisiones sustentadas en hechos, no en percepciones.
Porque cuando destruir reputaciones resulta más rápido que construir verdad;
cuando el miedo a la opinión pública pesa más que el debido proceso;
y cuando el ruido reemplaza a la razón,
la democracia no se fortalece: se desgasta.
Un país que castiga primero y verifica después no combate la impunidad: la reinventa.
