El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), intervino la mina de agregados Aremax, ubicada en San Cristóbal, que operaba de manera ilícita pese a haber sido clausurada definitivamente.
Durante el operativo, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, informó que la compañía había sido cerrada y sancionada en septiembre del año pasado por exceder el área permitida y por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos en su licencia ambiental.
“Además del cierre definitivo, los dueños de la empresa recibieron sanciones administrativas luego de comprobarse que infringieron los límites del polígono autorizado y no realizaban una explotación sostenible de los agregados, como estipula la autorización ambiental”, indicó Aracena.
Debido a que la empresa reincidió en violaciones a la Ley de Medio Ambiente, la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales deberá iniciar el proceso judicial correspondiente, mientras que el SENPA mantendrá vigilancia constante para evitar que la mina vuelva a operar de manera irregular.
Los propietarios de la grancera también estarán obligados a reparar el daño ambiental generado en la zona intervenida. La normativa vigente establece que toda concesión para la extracción de minerales no metálicos exige una explotación responsable y, al finalizar, la restauración ambiental, que incluye la restitución de la cubierta vegetal y la reforestación completa del área afectada.
El magistrado Francisco Contreras, fiscal de la Procuraduría presente en la intervención, explicó que se levantaron evidencias para someter a los responsables a la justicia. Señaló que la situación se agravó por la muerte de un empleado durante labores de extracción, a pesar de que la mina se encontraba clausurada.
En el operativo también participaron el director del SENPA, Ángel Alfredo Camacho Ubiera, y el ambientalista Luis Carvajal, quien destacó que la Comisión Ambiental respalda firmemente acciones de este tipo para proteger los recursos naturales y perseguir delitos ambientales.
“Esta empresa operaba fuera de los criterios técnicos establecidos por la ley para la explotación de minas no metálicas y sin autorización. Nuestro papel es elaborar un informe técnico que sirva de base para decisiones futuras, aunque apoyamos cualquier medida que sancione a los responsables de este delito ambiental”, enfatizó Carvajal.
