En momentos de presión económica y social, es común que la discusión pública se incline hacia un solo lado: exigirle más al gobierno o exigirle más al empresariado. Sin embargo, las economías no se sostienen sobre responsabilidades aisladas, sino sobre el equilibrio entre decisiones públicas responsables y un liderazgo empresarial consciente del impacto social de sus acciones. Cuando cualquiera de estos dos pilares falla, las consecuencias las paga el país completo.
El gobierno tiene el deber de gobernar con responsabilidad fiscal, visión de largo plazo y estabilidad normativa. La tentación del populismo subsidios sin sostenibilidad, controles improvisados, medidas diseñadas para ganar aprobación inmediata puede generar alivios momentáneos, pero termina debilitando la inversión, la producción y el empleo. La estabilidad económica no se construye con anuncios coyunturales, sino con reglas claras, instituciones fuertes y políticas que fomenten la competitividad real del aparato productivo.
Pero así como el populismo político puede ser dañino, también lo es el cortoplacismo económico. El empresariado, especialmente el de mayor escala, debe comprender que no puede existir crecimiento sostenido en un país donde la mayoría de la población pierde capacidad de compra. Cuando los alimentos, los medicamentos y los servicios esenciales aumentan de manera constante sin que el poder adquisitivo crezca al mismo ritmo, el mercado se contrae, el consumo se debilita y la economía comienza a desacelerarse.
Aquí surge una responsabilidad muchas veces ignorada: el liderazgo empresarial también implica moderación estratégica. Existen momentos en los que preservar márgenes extraordinarios de rentabilidad puede ser financieramente atractivo en el corto plazo, pero económicamente perjudicial en el mediano plazo. Contribuir a la estabilidad de precios mediante eficiencia operativa, innovación logística, economías de escala y optimización de costos no es un sacrificio empresarial; es una inversión en la sostenibilidad del propio mercado.
Igualmente, corresponde al empresariado organizado poner límites cuando las decisiones públicas amenacen la estabilidad económica o perjudiquen la competitividad, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo del empleo nacional. Guardar silencio frente a regulaciones que distorsionan la competencia, aumentan costos de manera desproporcionada o generan incertidumbre institucional no es prudencia; es renunciar al rol de liderazgo económico que la sociedad espera.
Pero esa misma firmeza también debe aplicarse hacia adentro. El gran empresariado debe reconocer que el desarrollo sostenible del país exige que el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar colectivo. No se trata de sustituir la política salarial ni de perder competitividad frente a las MIPYMES; se trata de entender que, en determinadas coyunturas, mejorar la eficiencia y trasladar parte de esas ganancias a precios más accesibles puede contribuir más al fortalecimiento del mercado que cualquier incremento artificial de salarios que termine afectando la estructura de costos de las empresas más pequeñas.
Las economías que logran estabilidad y crecimiento sostenido son aquellas donde el gobierno evita el populismo económico, el empresariado evita la rentabilidad desconectada de la realidad social, y ambos comprenden que el verdadero motor del desarrollo es una población con empleo, capacidad de compra y confianza en el futuro.
La discusión, por tanto, no debe centrarse en quién tiene más responsabilidad, sino en quién asume primero su deber. El gobierno debe tomar decisiones responsables aunque no generen aplausos inmediatos, y el empresariado debe entender que la fortaleza de sus negocios depende, en última instancia, de la fortaleza económica de la sociedad a la que sirve. Porque cuando el equilibrio entre Estado y empresa se rompe, pierde la economía; pero cuando ese equilibrio se asume con madurez, gana el país entero.
