La Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, ordenó una exhaustiva investigación penal sobre posibles afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país. Para ello, dispuso la creación de una fuerza de tarea especial que profundizará las indagaciones.
El examen judicial incluirá el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se revisarán todos los actos legales y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.
El equipo estará coordinado por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, e incluirá a la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), unidades de medio ambiente, antilavado, Investigación Inmobiliaria y al abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
Además, se ordenó la elaboración de un informe detallado junto al Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación legal y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El objetivo central de esta investigación es determinar si existen redes criminales, actos de corrupción o irregularidades que hayan permitido la apropiación indebida del patrimonio natural del Estado.
