Desde el año 1996, la silla del Procurador General de la República en el Palacio de Justicia ha sido, más que un estrado judicial, un termómetro de la temperatura política del país. Durante décadas, el perfil de quienes ostentaron el cargo —desde la sofisticación académica de Abel Rodríguez del Orbe hasta la operatividad partidaria de Radhamés Jiménez— se movió bajo una premisa implícita: la Procuraduría era un órgano de equilibrio. El procurador no solo debía conocer el Derecho, sino poseer el «olfato» necesario para entender cuándo el peso de la ley podía desestabilizar el tablero del Ejecutivo. Eran tiempos de una discreción estratégica, donde la seriedad se medía por la capacidad de procesar expedientes sin generar incendios sociales o crisis de gobernabilidad, manteniendo un tacto político que a menudo funcionaba como un filtro para la impunidad de las élites.
Esta era del «procurador-equilibrista» alcanzó su punto de mayor cuestionamiento con la gestión de Jean Alain Rodríguez, quien transformó la sobriedad institucional en una plataforma de marketing personal. En su periodo, el nivel mediático no era una herramienta de justicia, sino un fin en sí mismo, donde la profesionalidad fue opacada por la espectacularidad de procesos que, aunque ruidosos en la prensa, resultaron frágiles en los tribunales. El rol de estabilidad social se confundió con el blindaje de intereses, dejando a la sociedad dominicana con una sed de justicia que la llegada de Miriam Germán Brito en 2020 comenzó a aplacar a través de la institucionalidad y la pausa. Sin embargo, con el ascenso de Yeni Berenice Reynoso, el paradigma ha girado 180 grados: la política ha sido expulsada del despacho para dar paso a la técnica más cruda.
Yeni Berenice no es una política que sabe de leyes; es una tecnócrata penal que entiende el proceso como un algoritmo de persecución. Su accionar documenta una ruptura total con el «tacto político» de sus predecesores. Mientras que los procuradores de finales de los 90 y principios de los 2000 buscaban el consenso para no «agitar las aguas», Reynoso parece encontrar en la agitación la prueba de que el sistema está funcionando. Su nivel de sobriedad es gélido y su profesionalidad se manifiesta en un dominio obsesivo de la litigación estratégica. Para ella, el Ministerio Público no es un arquitecto de la paz social a través del pacto, sino a través de la depuración forzosa de la administración pública.
El manejo de la función en manos de Reynoso se caracteriza por una «pasión objetiva», un concepto que ella misma defiende y que sus detractores califican de intransigencia. A diferencia de un Francisco Domínguez Brito, quien navegó las aguas del activismo con un pie siempre puesto en sus aspiraciones políticas, Yeni Berenice ha blindado su figura tras la muralla de la carrera judicial. Esta falta de aspiración partidaria aparente le otorga una libertad peligrosa para el statu quo: no busca la aprobación de las cámaras de comercio, ni de los comités políticos, ni de los movimientos sociales. Su único norte es la persecución penal a toda costa, lo que redefine el rol de estabilidad social: ya no se busca mantener la calma, sino establecer la justicia como el único suelo firme sobre el cual la sociedad debe descansar.
En términos mediáticos, Reynoso ha perfeccionado un estilo de comunicación judicial agresiva. No utiliza la prensa para sonreír, sino para diseccionar a sus procesados en el tribunal de la opinión pública con la misma precisión con la que lo hace en el tribunal de derecho. Este nivel mediático no es gratuito; es una herramienta de presión para que el sistema de justicia —a veces lento o influenciable— no pueda retroceder. Su presencia en las audiencias de casos de corrupción de alto perfil (como ¨Antipulpo¨ o ¨Coral¨, branding que se utiliza para los casos dentro de la estrategia de lawfare) documenta un cambio en el manejo de la función: el Procurador ya no dirige desde un escritorio de caoba en la capital, sino que baja a la arena, se ensucia con el expediente y confronta directamente al poder.
Esta tecnocracia penal, sin embargo, plantea una interrogante sobre la necesidad de este estilo «a toda costa». En un país acostumbrado a la negociación bajo la mesa, el choque frontal de Reynoso actúa como un tratamiento de choque. El análisis de los periódicos dominicanos desde 1996 muestra que la figura del PGR ha evolucionado de ser un «secretario de justicia» del Presidente a un fiscal general de combate. La seriedad de Yeni Berenice no se basa en el protocolo, sino en el rigor de la prueba; su tacto político es inexistente por diseño, y su profesionalidad es, en esencia, una declaración de guerra contra la tradición del consenso que tanto daño le hizo a la transparencia institucional.
Finalmente, Yeni Berenice Reynoso representa el fin de la era de la «justicia posible» para dar paso a la «justicia técnica». Su legado, de lograrlo, no será medido por las amistades que cultivó en el Palacio Nacional, sino por la capacidad de sus expedientes para resistir el paso del tiempo y las apelaciones. Que se defiendan solos sin la necesidad de las presiones mediáticas y a los jueces. En el gran relato de la justicia dominicana, ella es la operadora que decidió que la ley no se negocia, se ejecuta, esto último, la historia juzgará los hechos.
