El caso Odebrecht en República Dominicana ha cerrado uno de sus capítulos más controvertidos. Lo que inició en 2017 como el «juicio del siglo» contra la corrupción estructural, ha terminado por desmoronarse en las altas cortes. Ayer, Ángel Rondón Rijo, señalado originalmente como el cerebro de la distribución de 92 millones de dólares en sobornos, fue finalmente absuelto de toda responsabilidad penal.
Esta sentencia no es solo una victoria legal para Rondón; es el acta de defunción de un expediente que, desde su génesis, nació herido por la selectividad y la debilidad probatoria.
La arquitectura de un expediente frágil
La narrativa construida por la Procuraduría General, entonces dirigida por Jean Alain Rodríguez, se centró en la figura de Rondón como el «enlace comercial» necesario para aceitar la maquinaria estatal. Sin embargo, la investigación técnica liderada en su momento por fiscales como Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho (quienes luego ascendieron a la cúpula del Ministerio Público), tropezó con obstáculos que nunca pudieron superar en el terreno del derecho:
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Delaciones incompletas: El expediente se nutrió de las delaciones premiadas provenientes de Brasil, pero estas nunca fueron debidamente corroboradas con pruebas locales que vincularan directamente el rastro del dinero con actos específicos de prevaricación de funcionarios.
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La Selectividad del «Lawfare»: Mientras el país exigía justicia, la opinión pública percibía un sesgo. El Ministerio Público armó un rompecabezas donde faltaban piezas clave del tablero político, centrando el fuego en figuras que resultaban útiles para un relato de persecución que hoy los tribunales califican de insuficiente.
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Pruebas excluidas: La incapacidad de la Procuraduría para presentar pruebas que resistieran el contraexamen y la legalidad procesal llevó a que, una a una, las acusaciones perdieran peso ante los jueces.
El desplome en los tribunales
Tras años de debate, la justicia determinó que no existían evidencias fehacientes de que los fondos manejados por las empresas de Rondón fueran destinados al cohecho. Lo que la fiscalía presentaba como «sobornos», la defensa logró sostener como honorarios por servicios de representación comercial legítima, amparados en contratos que el Ministerio Público no pudo invalidar.
El resultado es un golpe directo a la credibilidad de la estrategia de persecución penal de los últimos años. La insistencia de Camacho y Reynoso en mantener vivo un expediente que carecía de la «prueba reina» terminó colapsando ante el rigor del debido proceso.
Una lección para el sistema
El caso de Ángel Rondón deja una enseñanza amarga pero necesaria para la democracia dominicana. La lucha contra la corrupción es una demanda social irrenunciable, pero no puede ejecutarse a cualquier costo.
