El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia pospuso por 30 días el inicio de la audiencia preliminar en el proceso judicial contra el dominicano Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia estaba programada para el 6 de marzo, pero fue reprogramada para el 6 de abril a las 12:30 del mediodía, luego de que el acusado solicitara más tiempo para reorganizar su defensa y preparar el caso junto a su representación legal.
Motivos del aplazamiento
Entre las razones para conceder la prórroga se encuentra la incorporación de una nueva abogada defensora, Mary Carpenito, quien se encuentra en proceso de integrarse formalmente al proceso judicial. Además, el gobierno estadounidense entregará evidencia preliminar antes de la acusación formal.
El tribunal también suspendió temporalmente el conteo del plazo legal para un juicio rápido, por lo que el período comprendido entre el 6 de marzo y el 6 de abril no será tomado en cuenta para ese cálculo.
Investigación por presunto fraude de visas
Cordero, de 47 años, enfrenta acusaciones de haber abusado del programa de visas destinado a informantes confidenciales mientras trabajaba en la DEA. Según la investigación, habría gestionado al menos 119 solicitudes de visado de manera fraudulenta, presentando a los solicitantes como supuestas fuentes de la agencia antidrogas.
Las autoridades sostienen que por cada trámite se habrían pagado hasta 10,000 dólares.
Contexto del caso
El 12 de febrero, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana mientras avanzan las investigaciones, calificando el caso como una grave violación a la confianza pública.
Las agencias federales estadounidenses, entre ellas la DEA y el Federal Bureau of Investigation (FBI), utilizan programas especiales que permiten la entrada al país de personas vinculadas a investigaciones criminales que colaboran como informantes, quienes en algunos casos pueden posteriormente optar por la residencia permanente.
El proceso judicial continúa en curso mientras las autoridades evalúan la evidencia y determinan los próximos pasos del caso.
