La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) alertó sobre la necesidad de modificar la Ley de Residuos Sólidos, al advertir que las contribuciones establecidas podrían incrementarse hasta un 500 %, lo que, según la entidad, afectaría la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
El planteamiento fue realizado por César De los Santos, presidente del consejo de Anadive, quien manifestó el respaldo del gremio a las iniciativas de distintas asociaciones empresariales que buscan reformular la Ley 98-25, la cual modificó la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
De los Santos indicó que el sector empresarial, especialmente las mipymes, solicita la revisión del artículo 36 de la legislación, ya que incrementa significativamente la contribución especial destinada al Fideicomiso DO Sostenible, un mecanismo creado para fortalecer la gestión ambiental en el país.
El dirigente enfatizó que este aumento impactaría directamente la rentabilidad empresarial, la competencia justa y la generación de empleos, además de fomentar la informalidad en el sector.
Asimismo, agradeció la disposición de las autoridades, en particular del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, para escuchar las preocupaciones del sector. Recordó que la ley fue aprobada sin el consenso adecuado de los actores afectados ni la realización de un estudio técnico independiente que respaldara la toma de decisiones sobre un tema clave para la sostenibilidad y competitividad empresarial.
En relación al sector automotriz, De los Santos explicó que la mayoría de las empresas afiliadas a Anadive son negocios medianos y pequeños, con plantillas de entre 10 y 50 empleados, y que operan en distintas provincias del país bajo el régimen de pymes. Además, muchos de estos distribuidores actúan como intermediarios con márgenes de ganancia relativamente bajos, entre un 3 % y un 5 %, y que sus ingresos se basan principalmente en comisiones por venta, un esquema reconocido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el pago del Impuesto Sobre la Renta.
El dirigente subrayó la importancia de evitar la doble tributación, ya que los vehículos de motor ya pagan entre un 1 % y 3 % del valor CIF por emisiones de CO₂, y las empresas también financian el servicio de recolección de residuos sólidos.
De los Santos recordó que el sector automotriz figura entre los grandes contribuyentes del país, con aportes fiscales y aduanales significativos que sostienen el aparato estatal, por lo que instó a que no se implementen medidas que puedan afectar sus operaciones ni el clima de negocios.
“Nos sumamos a quienes buscan una ley moderna de residuos sólidos, pero que considere equidad, eficiencia, justicia y visión de futuro, sin comprometer las oportunidades de desarrollo nacional”, concluyó.
