Santo Domingo, – Las autoridades buscan frenar irregularidades que comprometen la transparencia y el manejo adecuado de los fondos públicos en el país. El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, enfatizó que no se deben recibir bienes ni servicios sin contar con contratos debidamente registrados y certificados por la Contraloría General de la República.
Pimentel explicó que estas prácticas generan conflictos legales, posibles demandas y retrasos en los pagos, afectando la seguridad jurídica y la correcta administración de los recursos estatales.
Nueva ley refuerza controles
El pronunciamiento se produjo durante una jornada de capacitación organizada por la Contraloría, centrada en la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que redefine los estándares de transparencia, control y eficiencia en la gestión gubernamental.
El funcionario resaltó que la normativa introduce un cambio estructural, priorizando la prevención de riesgos y el cumplimiento estricto de los procesos legales, colocando la formalización contractual como pilar del sistema.
Por su parte, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, destacó el alcance de la ley, subrayando su papel en el fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas. Afirmó que no hay justificaciones para realizar procesos ni registrar contratos fuera del marco legal, reiterando la obligación de respetar la normativa vigente.
Innovaciones en compras y evaluación
Durante la actividad se explicaron los principales ejes de la ley, que promueve la integridad en todas las fases de contratación, la profesionalización de los responsables y el fortalecimiento del órgano rector.
Se detallaron nuevos criterios para seleccionar procedimientos de contratación según la naturaleza y el monto de los bienes o servicios, implementando modalidades más ágiles que buscan eficiencia sin comprometer la transparencia.
Uno de los cambios más relevantes es la adopción del criterio de “valor por dinero” en la evaluación de ofertas, que reemplaza al enfoque de menor precio e incorpora factores técnicos, económicos y de sostenibilidad.
Además, se refuerzan los comités de compras, cuyos miembros recibirán formación continua, mientras se amplían las competencias del órgano rector para supervisar los procesos.
Digitalización y sanciones claras
La ley también establece límites más estrictos a las modificaciones contractuales y un régimen sancionador equilibrado, diseñado para garantizar responsabilidad administrativa sin vulnerar derechos.
En este contexto, se destacó el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Eficompras), herramienta clave para digitalizar procesos, mejorar el acceso a la información y reforzar la transparencia institucional.
La jornada contó con la participación de funcionarios y colaboradores de la Contraloría, incluyendo directivos de auditoría, recursos humanos y gestión administrativa.
