Santo Domingo.– Este 8 de abril se cumple el primer aniversario del colapso del techo de la discoteca Jet Set, una catástrofe que dejó 236 fallecidos y más de cien heridos, marcando profundamente a la sociedad dominicana. Doce meses después, la pena sigue viva y el reclamo de justicia permanece sin respuesta definitiva.
Familiares y sobrevivientes continúan enfrentando un duelo que no ha dado tregua. Cada mes regresan al lugar de la tragedia con velas, flores y mensajes cargados de nostalgia, pero también con pancartas y consignas que exigen explicaciones y sanciones.
Algunos han canalizado su sufrimiento en iniciativas positivas. Tal es el caso de Melba Grullón, madre de una de las víctimas, quien creó un fondo educativo en honor a su hija, destinado a otorgar becas a jóvenes de escasos recursos, como forma de mantener vivo su legado.
Una tragedia que estremeció al país
El desastre ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del establecimiento se desplomó de manera repentina durante una presentación artística, atrapando a cientos de personas. En un inicio se reportaron 221 víctimas mortales, cifra que posteriormente ascendió a 236.
Ese mismo día, el Gobierno declaró tres días de duelo nacional, mientras equipos de rescate trabajaban intensamente en la recuperación de cuerpos y atención a los heridos.
Investigación y proceso judicial
Días después del suceso, comenzaron las acciones legales. Familiares de víctimas interpusieron querellas por homicidio involuntario y negligencia, señalando tanto a los propietarios del local como a las autoridades por supuestas fallas en la supervisión.
Las investigaciones avanzaron con la incautación del establecimiento y la recopilación de pruebas que apuntaban a posibles advertencias previas sobre el deterioro de la estructura. En junio de 2025, los propietarios del negocio fueron arrestados y sometidos a medidas cautelares, mientras el caso fue declarado complejo.
Ya en 2026, el proceso ha estado marcado por aplazamientos, recursos legales y tensiones en los tribunales. El Ministerio Público ha solicitado que el caso pase a juicio de fondo, mientras la defensa continúa presentando objeciones.
Clamor que no se apaga
El dolor de los familiares se ha hecho sentir en cada audiencia. Testimonios llenos de impotencia han denunciado retrasos y decisiones judiciales que consideran injustas.
“Por la ambición al dinero mataron a mi hija”, expresó una madre entre lágrimas, reflejando el sentir colectivo. Otros parientes han insistido en que la magnitud del hecho no puede quedar impune.
En paralelo, movimientos de afectados han realizado marchas y actos simbólicos, incluso proponiendo que el 8 de abril sea declarado día de duelo nacional en memoria de las víctimas.
Una herida abierta
Actualmente, más de 300 querellantes forman parte del proceso judicial. En la fase preliminar, el tribunal debe determinar si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio, donde se decidirá la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Mientras tanto, el país recuerda una tragedia que transformó la alegría en luto. A un año del derrumbe, la herida sigue sin cicatrizar y la demanda de justicia continúa tan firme como el primer día.
