El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la fase de instrucción del caso y ha propuesto que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sea juzgada por su presunta implicación en cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado considera que existen indicios suficientes para abrir juicio oral y ha rechazado ampliar la investigación. Asimismo, ha archivado el procedimiento por el delito de intrusismo profesional.
Junto a Gómez, el juez mantiene la acusación contra su asesora Cristina Álvarez Cristina Álvarez por presunta malversación y otros delitos, así como contra el empresario Juan Carlos Barrabés Juan Carlos Barrabés por parte de los hechos investigados.
Según la resolución judicial, el caso pasará ahora a la fase previa al juicio, en la que las partes deberán pronunciarse en un plazo de cinco días sobre la apertura de juicio oral, que podría celebrarse con jurado popular.
El juez sostiene en su auto que habrían existido indicios de un posible uso indebido de influencias relacionadas con una cátedra universitaria, así como presuntas irregularidades en la captación de fondos privados y en la utilización de recursos públicos.
También se investiga un posible uso irregular de personal público para tareas ajenas a funciones institucionales, así como la supuesta apropiación de un software vinculado a la actividad académica de la cátedra.
Por el contrario, la causa queda archivada en lo relativo al delito de intrusismo profesional, al no considerarse suficientemente acreditado en esta fase del procedimiento.
