Aunque legisladores de la oposición apoyan la declaratoria de estado de emergencia ante los daños causados por las intensas lluvias, advirtieron que mantendrán una supervisión rigurosa sobre el uso de los fondos públicos para evitar irregularidades en compras y contrataciones.
La medida fue adoptada por el Poder Ejecutivo tras los severos estragos provocados por los aguaceros, que han afectado con mayor intensidad a varias provincias del Cibao Norte, generando daños en viviendas, agricultura e infraestructura.
En el Congreso Nacional existe consenso sobre la necesidad de actuar con rapidez frente a la magnitud de la situación. Sin embargo, sectores de la oposición alertan que la flexibilización de los procesos administrativos no debe dar lugar a manejos discrecionales ni a falta de transparencia.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la gravedad de las pérdidas obliga a acelerar las respuestas para asistir de manera oportuna a las comunidades impactadas, priorizando la recuperación de los sectores productivos y las zonas más vulnerables.
Aun así, varios congresistas insistieron en que el Poder Legislativo deberá cumplir su función fiscalizadora para asegurar que los recursos destinados a la emergencia lleguen efectivamente a la población afectada.
Las provincias incluidas en la declaratoria son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y el Gran Santo Domingo, territorios que han sufrido los mayores efectos de las precipitaciones.
Bajo este régimen de excepción, el Gobierno puede movilizar recursos de forma inmediata, con el objetivo de atender la emergencia y mitigar sus consecuencias en las zonas impactadas.
